El largometraje de "Presunto culpable" –presentado por Abogados con Cámara- fue puesto en la cartelera cinematográfica desde el mes de Febrero del 2011, pero no fue hasta escuchar los comentarios sobre su censura cuando llamó la atención de muchos respecto a su contenido.

Fue así que la pantalla proyectó lo usual, lo cotidiano, lo de "siempre": un escenario del sistema de justicia penal en México donde José Antonio Zúñiga Rodríguez es procesado por el delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de Juan Carlos Reyes Pacheco, por hechos ocurridos el 11 de Diciembre del 2005 y liberado tres años después, el 25 de Abril del 2008.

Lo interesante de esta película -cuyo antecedente es el documental de "El Túnel"- es el panorama que refleja la cámara introducida al Juzgado 26 de Primera Instancia Penal y al Reclusorio Preventivo Oriente, después de gestiones que tardaron casi un año. Pero lo que realmente se destaca de la cinta es que en una sala cinematográfica se descubra cómo es un proceso penal en México, lo que nos lleva a cuestionar -al igual que Layda Negrete lo hace al inicio de la cinta- "¿Qué es lo que está pasando con la justicia en México?"

Por un lado está la ciudadanía, que mientras no se ve involucrada en el drama penal permanece indiferente, pero cuando se topa ante esta realidad, opina lo mismo que Toño: "Dicen muchos aquí…yo si lo hice qué bueno que me trajeron yo estoy pagando y acabando de pagar me voy, eso es todo pero, ¿y el que no?… Tú piensas mucha gente dice que bueno…yo afuera lo decía pues es ratero o violín que lo metan que le den 100 años a mí mientras yo no lo tenga en la calle mejor y ahora que estoy aquí sin haber hecho nada". Indudablemente que la indiferencia ciudadana es una cuestión cultural que en México no hemos podido superar ya que si el sistema de justicia penal se ha colapsado hasta este punto se debe también a la sociedad en su conjunto; a la falta de participación por parte de la ciudadanía como apoyo a las acciones del Estado; pues sólo a través de la generación de una cultura de la legalidad y del respeto a las instituciones de procuración e impartición de justicia es que se pueden instaurar políticas públicas integrales que involucren tanto a los tres niveles del poder público como a la población, para así lograr las mejoras que requiere el sistema de justicia penal en México.

Por otro lado, se encuentra el desalentador panorama que en 87 minutos de proyección nos muestra el oscurantismo del proceso penal, donde las garantías del inculpado no se respetan; donde las corporaciones policiacas trajinan en la impunidad; donde los agentes del ministerio público y jueces penales visualizan los asuntos con presunción de culpa; donde las instituciones penitenciarias se encuentran sobrepobladas; donde los tiempos procedimentales no se cumplen; donde los principios del proceso no se respetan -en fin-, donde la ley procesal no se aplica, pues como Roberto Hernández puntualiza en el filme: "El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia en lugar de que la policía te tenga que probar que tú eres culpable…En México ser inocente no basta para ser libre".

Refiere el protagonista de la historia: "Ni idea de mis derechos, ni idea de nada, o sea yo no sabía nada, a mi me agarran, me meten, me dicen tú fuiste y ya" y, efectivamente, esa es la técnica que se utiliza por la policía ministerial para investigar sobre los hechos que dan motivo a una averiguación previa y en base a la cual el ministerio público integra el cúmulo probatorio que difícilmente podrá ser objetado por la parte contraria; un expediente que refleja la fabricación de una verdad de la cual ya no es posible dudar, sin causar la indignación de sus creadores que -como la Agente del Ministerio Público Marisela Miranda Galván- se jactan de haber hecho "su chamba", de colaborar en otro caso más que seguramente culminará con una sentencia condenatoria, "contribuyendo así a la consolidación del Estado de Derecho". Pues como refiere Layda Negrete "la Procuraduría ya ganó, desde que presentó su acusación, el juicio es irrelevante" ya que, invariablemente, los razonamientos vertidos por un juez para decretar el formal procesamiento del inculpado dentro del término constitucional no varían al llegar a sentencia, aún y cuando estamos hablando de una situación jurídica distinta.

Son reiterados los momentos en que en la cinta cinematográfica se aprecia evidente la violación de los derechos del inculpado en el proceso y como el mismo protagonista lo refiere: "Creo que lo que me tiene aquí es el miedo, miedo a exigir mis derechos, miedo a preguntar qué estaba haciendo mi abogado….Desde que yo entro al reclusorio tú no sirves para nada, no importas, no nada, o sea, no eres nadie, eres un culpable". Entonces, ¿dónde está la adecuada defensa, dónde quedó la presunción de inocencia?

Layda Negrete y Roberto Hernández, investigadores del CIDE, señalan en el trabajo fílmico que los policías y otras autoridades son premiados por personas detenidas y acusadas; prueba de ello es el testimonio que rescatan de un policía anónimo quien dice: "el delincuente por razones de seguridad… le tenemos que inventar alguna cosa aparte del delito que ya cometió porque así a ese delincuente lo vamos a tener un poco más en la cárcel…porque al rato los abogados que defienden a ese tipo de sujetos los sacan y ese delincuente ya se hizo un peligro para nosotros y para la ciudadanía". De ahí que no extraña la forma en que la policía investigó los hechos imputados a Toño, pues como se desprende de las constancias del expediente, la policía nunca probó que Toño hubiera disparado un arma ya que -como lo evidenció Roberto Hernández en la trama- la prueba de pólvora con la que lo acusaron resultó negativa; además, Layda Negrete narra que en las actuaciones ministeriales encontraron una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio, pero a la policía eso no le pareció relevante.

Más aún, los investigadores del CIDE se percataron que los retratos hablados no estaban glosados al expediente, llamando su atención la forma en que el testigo Víctor Daniel Reyes Bravo se enteró del nombre de Toño y descubriendo ambos abogados que los propios policías ministeriales se lo habían proporcionado y eso corroboraba para Layda Negrete que "Toño había sido elegido al azar, en la calle". "En cambio la versión de los policías judiciales es que Víctor recordó el nombre de Toño, decidieron salir a la calle a buscarlo y casualmente lo encontraron". Con lo anterior, el segundo Defensor Particular de Toño puntualizó en la audiencia final de juicio que "Queda claro que el señor José Antonio Zúñiga Rodríguez tuvo la mala suerte de ser escogido por la policía ministerial como el responsable del homicidio".

También sobresale en el documental la ausencia de los jueces en las diligencias, pues cualquier funcionario -menos el juez- puede presidirlas; lo que se corrobora tanto en el documental de "El Túnel" como en la película de "Presunto Culpable" por los internos del reclusorio preventivo oriente del D.F., respecto a que "no pueden hablar con el juez, no saben quién es el juez", concluyendo los investigadores del CIDE que "el 93% de los acusados nunca ven al juez".

Pero cuando los jueces llegan a estar presentes en las diligencias tampoco cambian mucho las cosas, pues como se observó en la película, el Juez Héctor Palomares Medina se limitó a repetir textualmente lo que manifestaban las partes y los testigos. Así lo refieren Layda Negrete y Roberto Hernández, quienes después de haber revisado el expediente junto con Rafael Heredia Rubio detectaron que "el expediente nada tenía que ver con lo que nosotros habíamos visto en el juicio, no estaban ahí los titubeos del testigo, ni las objeciones a las preguntas del abogado, de hecho sólo estaba registrado lo que el juez había dictado".

En relación a las diligencias desahogadas -entre las cuales observamos ampliaciones de declaración y careos- asumiendo la afirmación de Roberto Hernández en relación a que "Para eso es el careo para que todas tus mentiras se te caigan y todas las verdades se levanten", se tiene que en el careo entre TOÑO y el único testigo que lo inculpaba, el primero manifiesta que "el que dices que saliste limpio…yo te quiero preguntar si sabes que a mí me hicieron la misma prueba, que salí negativo que eso significa que yo nunca disparé un arma por consiguiente nunca maté a tu primo de lo que según tú me estás acusando, ahora te quiero preguntar si tú me viste que yo maté a tu primo"; a lo que el testigo Víctor Daniel Reyes Bravo le contesta "yo no sabía que te habían practicado la misma prueba que ahora tú dices y efectivamente yo no vi quién fue el que disparó". Situación que en la práctica escasamente se observa, toda vez que en un careo de carácter procesal -o de cualquier tipo- el Juez se limita a preguntar tajante sobre la expresa contradicción entre las declaraciones de los intervinientes en el careo.

Así pues, no varían mucho las cosas cuando, en fecha 26 de Febrero del 2008, el Juez Héctor Palomares Medina dicta sentencia por segunda vez considerando que se encuentra demostrada la plena responsabilidad de José Antonio Zúñiga Rodríguez en el homicidio calificado con ventaja de Juan Carlos Reyes Pacheco y, en consecuencia, le impone 20 años 5 meses y 18 días de prisión. Confirmándose -un vez más- la afirmación de Layda Negrete y Roberto Hernández respecto a que "el 95% de las sentencias son condenatorias y que el 95% de las condenas no se basan en evidencia física". Además, Roberto Hernández detecta en el expediente que "el juez y su proyectista realmente hacen una copia de su sentencia anterior, no valora el juez los nuevos elementos, desde mi punto de vista determinantes para que hubiera dictado una sentencia absolutoria".

Al inconformarse con la sentencia condenatoria Layda Negrete y Roberto Hernández le propusieron a Rafael Heredia usar la filmación del juicio para mostrársela al tribunal de apelación, lo que finalmente provocó que el Magistrado Salvador Ávalos Sandoval planteara la posibilidad de una duda razonable "para mí estaba probada lo que era una duda razonada de que probablemente esa gente hubiera sido pero también probablemente no lo hubiera sido". Lo que nos lleva a confirmar que las prácticas inadecuadas en que ha degenerado el proceso penal no permiten al juzgador llegar a una convicción sobre la verdad histórica de los hechos, fuera de lo que está escrito en el papel, limitándose así a impartir una endeble "justicia de papel".

Por ello, el filme de "Presunto Culpable" resulta ser una llamada de atención para salvar de criterios infundados y malas prácticas al sistema de justicia penal; lo que se resume en la letra de la pieza musical titulada "Iztapa Rap", cuya autoría es del protagonista: "…Fui llevado procesado por un juez encarcelado…ahora ya no queda cuidarse de la lacra, ahora hay que cuidarse de un oficial con placa…juicios orales un inmenso monumento…pido un aplauso por lo que están haciendo…"

Finalmente, el rodaje termina con dos noticias: "La buena noticia: en el 2008, una reforma constitucional impuso el 2016 como plazo para aplicar la presunción de inocencia en México. La mala noticia: la reforma tiene una cláusula que entró en vigor de inmediato y autoriza detenciones de hasta 80 días, sin necesidad de una acusación".

De ahí que, es necesario estar pendientes de la segunda parte de la historia: ¿Qué va a pasar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México? ¿El cambio realmente corregirá las insuficiencias del sistema actual que protagonizó este filme? ¿Aparecerán nuevamente en escena los monstruos de la historia: el incremento de la delincuencia, la impunidad, el colapso institucional de la policía, la ineficiencia de la procuración y administración de justicia, el fracaso del sistema penitenciario y la carencia de una asistencia a las víctimas del delito?


BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIA: 1.
Largometraje documental "Presunto Culpable"
Dirigida por Roberto Hernández y Geoffrey Smith
Con la participación de Antonio Zúñiga, Eva Gutiérrez y Rafael Heredia
Producida por Layda Negrete, Roberto Hernández, Martha Sosa y Yissel Ibarra
Datos estadísticos de Marcelo Bergman, Ana Laura Magaloni, Elena Azaola, Layda Negrete (CIDE) y Kathryn Fahrestock y Roberto Hernández (National Center for State Courts)