AÑO 3 NO. 16 || 15 . ENERO . 2013

La seguridad pública y su connotación negativa, la inseguridad, son uno de los temas más recurrentes en nuestro contexto actual y una de las principales fuentes de preocupación de los ciudadanos. Se hacen muchas conjeturas y se proponen muchas soluciones. En el presente trabajo nos ocuparemos de analizar los alcances del concepto de seguridad y establecer la relación entre la seguridad y la legalidad, partiendo de la premisa de que la primera es consecuencia de la segunda.

1. SEGURIDAD
El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia.

En un sentido general, la seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se puede entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria. Desde una perspectiva social, es la necesidad básica de la persona, grupos humanos y un derecho inalcanzable, inalienable del hombre, de la sociedad y del Estado.

Así, la seguridad denota:

Confianza	* Es pensar que no debe pasar nada
Tranquilidad	* No debe tener amenaza.
Prevención	*Estar prevenido a todo riesgo.
Preservación	*Tomar medidas preventivas.
Protección	*Protegerse, cubririse de lagún riesgo
Previsión	*Anticiparse, adelantarse a un hecho.
Defensa	*Resguardandose y estar a la defensiva.
Control	*Dominar todo tipo de mala reacción.
Estabilidad	*Firmeza antes, durante y después de allgún riesgo.
Garantía	*Cosa que se asegura y ampara alguna necesidad.

Desde su aparición sobre la tierra, el hombre ya buscaba su seguridad, encontrando en el grupo, en la reunión con otros, la manera de preservarse de los elementos naturales, de las fieras, y de todos los peligros que lo acechaban. Entonces, aún en las cavernas, en los clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las primeras bases de los liderazgos, y empezaba a nacer el sentido del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral. Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo que la seguridad era sinónimo de organización, de responsabilidad, de solidaridad, que generalmente los grupos humanos fuimos desarrollando. Así aparecen las autoridades, las leyes, las sanciones, etc., que se convierten en los garantes de la seguridad.

La convivencia es un derecho de todos y por lo mismo es también una finalidad de la comunidad política que debe cristalizarse no solo en beneficio de los ciudadanos, titulares de derechos y deberes políticos, sino de la comunidad íntegra, titular de toda clase de derechos. Entonces, la Seguridad se convierte en una finalidad de la comunidad política, pues sin ella, no es posible garantizar su existencia y, por ende, la del Estado. Y esto origina una de las vertientes del concepto seguridad: la seguridad pública.

Del concepto genérico de Seguridad surge la Seguridad Pública. Por seguridad pública entendemos Además, también como parte del género Seguridad, está la Seguridad Privada, cuya prestación también es un servicio público pero a cargo de los particulares, en este último caso, previa autorización administrativa, la cual se otorga o confiere conforme a la ley.

La seguridad pública, a su vez, incluye la Seguridad del Estado y la Seguridad Ciudadana, y su prestación está a cargo exclusivamente de las autoridades estatales, en particular, de manera principal, de los órganos que integran la Fuerza Pública y de los demás órganos de seguridad del Estado.

Así, podemos presentar una división del concepto seguridad:

1.1. SEGURIDAD PÚBLICA
El concepto tradicional de seguridad pública es el que lo asociaba con la represión del delito y el mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del control y de la criminalidad y eminentemente reactiva. A este concepto se adscribe la definición que de la policía hace el Código de Brumario del año IV: La policía está instituida para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad individual. En este sentido tradicional, la seguridad pública englobaba dos conceptos:

v el objetivo, que estaría representado por el incremento del delito y,
v el subjetivo que estaría determinado por la sensación de incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene el ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y los actos incívicos, diversos y no agrupables bajo una sola categoría pero que, no obstante, no entran dentro de la categoría de delitos. Delincuencia ordinaria y actos incívicos, se producen en el ámbito más próximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan más directamente a su sensación térmica de seguridad.

La evolución del concepto de seguridad, paralelo a la evolución del pensamiento humano, hizo que se pasara de la seguridad de la represión a la prevención, intentando actuar, también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas. A esta concepción preventiva y, por tanto, pro – activa, de la seguridad, se incluye la necesidad de políticas sociales, de ocupación o, aun, urbanísticas que prevengan la realización de conductas ilícitas. En este sentido se expresaba la Grande Encyclopédie de 1910: No se conoce sociedad organizada sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad interior, reprimiendo y previniendo delitos.

Con la democratización de nuestras sociedades y la puesta en vigencia de las Constituciones políticas, a las tareas policiales de represión y prevención del delito, se les añadió y antepuso el de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, utilizándose en muchos de ellas lo siguiente: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Así, en la actualidad, el concepto de seguridad incluye, además de la estricta protección, también la prevención y el respeto a los derechos esenciales de los ciudadanos. Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social. El concepto es el del desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio.

1.1.1. Seguridad del Estado: Centrándonos en la división de la seguridad pública, entendemos la seguridad del Estado como las acciones que realizan las autoridades y los particulares encaminadas a la preservación y conservación del propio Estado y de cada uno de sus elementos.

1.1.2. Seguridad ciudadana: Para efecto del presente estudio, nos ocuparemos de manera más específica de la seguridad ciudadana, por lo que es necesario precisar los alcances del concepto.  “Seguridad ciudadana es pues un concepto jurídico que implica tanto el deber del Estado para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana”

La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado a través de sus instituciones dentro del marco de la ley y los derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y amenazas.

Así, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de servicio a cargo del Estado, teniendo la obligación de elaborar diversas políticas (económicas, sociales, culturales) preventivas y punitivas, en la búsqueda de garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de peligros.

De todo lo anteriormente señalado podríamos definir la seguridad ciudadana como aquella situación de normalidad en la que se desenvuelven las personas, desarrollando actividades individuales y colectivas con ausencia de peligro o perturbaciones; siendo además éste un bien común esencial para el desarrollo sostenible tanto de las personas como de la sociedad.

Pero también podemos entender el concepto de seguridad ciudadana como aquella acción donde se involucran, para fines de la seguridad pública, tanto la acción política de la ciudadanía, como las actividades que por ley el Estado tiene que proporcionar, sin embargo esta actividad no puede ser posible sin la participación mutua, eficaz y eficiente, tomando en cuenta que no se trata de eximir al aparato gubernamental de su obligación social, pero sí estimar que en este fenómeno en particular, dada sus características especiales, no es posible la obtención de resultados positivos sin la interacción de ambas instancias.

Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicación: implica una situación ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar y, asimismo, implica también el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas.

1.2. La inseguridad: No podemos considerar completa la definición de seguridad si no hacemos referencia a su falta: la inseguridad, para efecto de encontrar los elementos que sirvan para alcanzarla.

Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la medioambiental, la militar, la ética y derechos humanos, etc. Además, muchas de estas amenazas son interdependientes y tienen una dimensión transfronteriza. Las características de estas amenazas nos hacen pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar.

En este sentido, ya que la seguridad es un pre requisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como seres humanos se ha constituido como un Derecho Humano exigible; como tal obliga éticamente a las personas a ofrecer seguridad sobre los demás. En cuanto al Derecho Humano es irremediablemente, también una obligación humana.

Las causas de la inseguridad que viven nuestros países son diversas: corrupción, impunidad, violencia, desconfianza en las autoridades, entre muchas más.

 Todos sabemos que una de las causas más comunes de la inseguridad es la corrupción. Debemos entender que ésta no sólo significa aceptar o pedir una dádiva, sino dejar de hacer cuando se está obligado a ello.

 El no arrestar a quien debió ser detenido genera impunidad; deja sin castigo cuando debía haberlo. La impunidad se manifiesta cuando los ciudadanos no denunciamos algún delito que, sabemos, se ha cometido, ya sea por miedo, ignorancia, o desconfianza en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen debidamente su trabajo, entre otros casos.

Esto genera violencia. Al no ver satisfecho ese derecho, dejamos en la víctima del delito un deseo de "justicia" muchas veces traducida en venganza, que se cobrará tal vez por su propia mano. Esta situación genera gran desconfianza en las instituciones de administración de justicia. Menos ciudadanos acudirán a ellas a denunciar, mientras que los delincuentes seguirán haciendo de las suyas a la sombra de la impunidad.

El reto, tanto de las instituciones de seguridad pública como de la sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza.

2. La Legalidad
Por legalidad se entiende aquello que es permitido bajo el sustento de un marco de derecho (el llamado derecho positivo). En el ámbito jurídico, generalmente se entiende la legalidad como un principio, que sirve para establecer el marco de la actuación de los particulares y de las autoridades. Este principio se enuncia: “Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite y los particulares todo aquello que la ley no les prohíbe.”

Esto parece sencillo, ya que todos los individuos que integramos un Estado sabríamos cuáles son los límites del marco de nuestra actuación, pero se presentan algunos problemas. En primer término, las leyes no pueden describir todas las conductas que deben realizar nuestras autoridades y, por tanto, en algunos casos las dejan sin posibilidad de actuación aún cuando su intervención sea necesaria. También es común que las faculten discrecionalmente para realizar otras conductas, de tal suerte que será legal que actúen o no, por tanto los ciudadanos no tenemos la certeza en esa actuación. Por último, las autoridades cumplen al hacer solamente lo que la ley les permite, pero, ¿qué sucede cuando dejan de hacer precisamente eso que la ley les permite? Muchas veces se considera que la autoridad puede actuar, pero no se considera que deba actuar, por lo que estamos entonces a merced de la voluntad de los titulares del poder público.

Además, por parte de los ciudadanos, cada vez se pierde más esta visión de la legalidad, considerándose que por situaciones económicas, de falta de legitimidad, por la impunidad, etc., no estamos obligados a dejar de hacer lo que la ley nos prohíbe. Por tanto, se hace imperiosa la promoción de una cultura de la legalidad.

2.1. Cultura de la legalidad: La cultura de la legalidad es, desde el punto de vista de los juristas, la aceptación de las leyes por parte de los ciudadanos. La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral por parte de todos los ciudadanos a las leyes previamente escritas y aceptadas por la sociedad en un documento oficial.1

Existen perspectivas que ven la cultura de la legalidad como una forma de sumisión y conformismo, ya que se acepta todo lo que esté en las leyes aun cuando éstas son imposiciones por parte de grupos de poder o con influencias sobre los cuales la gran parte de la población no tiene ningún acceso.

Estas perspectivas recuerdan que son importantes normativas o compromisos de convivencia pero para ser legítimos deben ser acordados directamente o consensuados participativamente entre los ciudadanos que se comprometen a cumplir esos acuerdos entre ellos; por tanto se esboza que una sociedad debe regirse bajo un orden en libertad y participación activa y no mediante la imposición o las leyes por más que estas se presenten como indispensables o legales ya que esto no tiene ningún valor si es que no son legítimas. Quienes tiene este punto de vista consideran que el irrespeto a la legalidad instituida se considera legítima cuando esta no puede justificarse a sí misma.

En una ausencia de la cultura de la legalidad se pueden incrementa el número de acciones delictivas. Existen una gran cantidad de actos o acciones que podrían atribuirse al caso de que no exista una cultura de la legalidad fuerte.

El papel de las instituciones en la educación de la legalidad es tarea fundamental. Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano.

La cultura de la legalidad tiene ocho características esenciales:

1. La sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes Las personas de una sociedad conocen las partes esenciales de las leyes más importantes del documento oficial que rige que a estas.
2. La mayoría tienen la voluntad de respetar las leyes La mayoría de las personas en una sociedad aceptan y comprenden las leyes marcadas por ellos mismo (o por representantes de estos).
3. Existe una rama estructurada y órganos de control La sociedad está controlada y estructurada legalmente. Por poderes de la unión y un gobierno bien organizado.
4. Existe una sanción por una violación de ley Existe un castigo o sanción a las personas o grupo de personas que cometan una violación a la ley.
5. Existe un proceso de defensa de acusados Al ciudadano que supuestamente incurra en una violación de ley se le debe hacer valer un proceso para su defensa.
6. Existe un sistema de apoyo a víctimas Se podrá otorgar ayuda a las personas que hayan sido afectadas por una agresión penada por la ley.
7. Se condena a la delincuencia y corrupción En una sociedad se debe tener una conducta negativa a la delincuencia y a la corrupción.
8. Existe un sistema para cambiar las leyes La sociedad debe tener un sistema para intentar cambiar las leyes que lo rigen. No se debe regir a una generación futura con leyes actuales

Construir una verdadera cultura de la legalidad tiene como presupuesto esencial la transformación de muchos paradigmas de pensamiento a todos los niveles. Desde el ciudadano común que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia –como los reglamentos gubernativos o de tránsito– hasta el más alto funcionario que falta a su deber constitucional de hacer cumplir las leyes y reglamentos. En todos los casos, la trascendencia de esas acciones es de magnitudes inconmensurables.

Cultura de la legalidad tiene que ver con una mejoría sustancial en nuestra deficiente educación cívica y política y se traduce, también, en un serio compromiso de maestros y alumnos por promover los fines del derecho, por mejorar la calidad de su enseñanza y por asumir un compromiso interminable de actualización constante.

Tiene que ver con el rompimiento de esquemas de comportamiento como la corrupción y el clientelismo, los liderazgos caciquiles, el “charrismo” sindical y el nepotismo.

La cultura de la legalidad tiene que ver con la difusión de la idea de que nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni puede erigirse en juez de nadie. Tiene que ver con la erradicación de esa tendencia de los medios y de la sociedad a convertirse en Tribunales y juzgar, condenar o absolver. Cultura de la legalidad es abolir para siempre la Tribunalización de la sociedad y acostumbrarnos a resolver los litigios por las vías establecidas para ello.

Cultura de la legalidad es también y sobre todo fortalecer a cada uno de los poderes en la forma particular en que cada uno necesita ser fortalecido. El Ejecutivo, unipersonal, requiere de fortaleza en cada una de sus dependencias, en cada frente de la administración pública federal; pero también en la persona del Presidente mismo. El Poder Legislativo requiere de fortalecerse a través de la fortaleza de cada una de las fracciones parlamentarias de los Partidos Políticos en él representados. Y, finalmente, el Poder Judicial se fortalece en la independencia y autonomía de cada uno de sus miembros. Este fortalecimiento únicamente puede provenir del respeto que, para sí mismo, tenga cada uno de los poderes y del respeto que tenga para con los demás. Ello solamente se logra mediante el establecimiento de una verdadera cultura de la legalidad que tenga a la Constitución por principio y a la ley como guardia.

La cultura de la legalidad exige que cada órgano, cada familia, cada persona, asuma el papel que le corresponde desempeñar responsablemente, sin ambages ni temores. Solamente así se logrará el fortalecimiento de nuestra democracia y el bienestar del pueblo.

3. RELACIÓN ENTRE SEGURIDAD Y LEGALIDAD
Como hemos señalado anteriormente, la seguridad pública no sólo es un problema de los cuerpos policiales. La colaboración de todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.

 Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es, respetar la Constitución y con ello los derechos humanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan natural que le ha sido arrebatado: la calle.

Está claro que los Estados son entidades responsables por la seguridad de los ciudadanos, pero la historia reciente ha demostrado que la producción de seguridad puede tomar como horizonte ciertas claves excluyentes e incluso siniestras, o puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a una realidad compleja e interconectada, respondan con una perspectiva de derechos humanos a través de instituciones profesionales y competentes ante los patrones violentos y de criminalidad que surcan a una sociedad.

Bajo el marco internacional de los derechos humanos la responsabilidad de los Estados se expresa no sólo en el deber de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sino también en actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas lesivas contra las personas por parte de agentes gubernamentales o particulares, cualquiera sea el ámbito en el que ocurra.

Conclusiones
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. Debemos de comprender que la seguridad abarca todas las instancias en donde el ser humano desarrolla sus iniciativas.

La conciencia de seguridad debemos tenerla todos. Una conciencia de seguridad no solamente nos debe orientar a mirar a los delincuentes, la conciencia de seguridad nos lleva a tomar actitudes definidas que no desentonen con el común denominador de los ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás y también haciendo prevalecer lo propio.

Debemos entender que la seguridad es tarea de todos; pero para cumplir con estos cometidos es necesario que se acepten los cambios, que se estimulen las responsabilidades, romper marcos y buscar identificarnos con el tema de la seguridad ciudadana. Tenemos que aceptar los cambios y que todos se integren a la comunidad y a los trabajos sobre seguridad ciudadana.

Para ello debemos de construir cada uno con su acto, su vocación, su calidad de persona, a no generar ambientes de intranquilidad. En este aspecto, cada día nosotros somos consientes de que debemos respetar normas, respetar leyes y también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo nuestras obligaciones.

Muchas veces las inseguridades las vamos generando nosotros mismos con nuestras conductas y negligencias, por desatinos, falta de consideración y aceptación mutua a la interrelación personal por algunas inmoderaciones propias de la personalidad del hombre. Por eso es que es imprescindible cambiar, debemos de romper marcos para poder ingresar a este tema tan nuevo e importante como lo es la seguridad ciudadana.

Entonces, seguridad implica legalidad, es decir, que cada uno de los actores de la sociedad: autoridades y ciudadanos hagamos lo que nos indica la ley y no dejemos de hacerlo por ninguna razón, por válida que la consideremos.

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Y POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU

Habrá que dejar claro que dicha disposición no podrá legalizar fortunas, ni consolidar situaciones jurídicas ilícitas existentes con anterioridad a la ley.

2Artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
3Uno de los países que más aporto a la Convención fue Italia.

4Actual artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Iniciativa de Reforma, Decreto que reforma los artículos 16, 19, 20, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6.Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Agosto de 1996 Página: 644 Tesis: XIII.1o.7 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

7.Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Mayo de 1996 Página: 55 Tesis: P. LXXIV/96 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Penal, Administrativa

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1General Yépez Dávalos, Enrique; Seguridad Ciudadana, 14 lecciones fundamentales, Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú, 2004, p. 25.

2De la Peña Martínez, Jorge.- La Seguridad Ciudadana como una acción política.- IIDH.- 2002