 Foto: http://www.mexicanossinfrontereas.org |
|
En Nogales, Arizona, un pueblo cerca de la frontera de Arizona y México, Eduardo Vega se para en una gasolinera para llenar su tanque durante su viaje diario a Phoenix. Un oficial de policía de Arizona, también un mexico-estadounidense, se acerca a Vega para pedirle sus papeles. Asustado y confundido, Vega no reacciona y el oficial repite: “¿Me tartamudeé?, tus papeles, por favor.” Vega, todavía en estado de shock, responde: “No, no tartamudeó, pero ¿por qué quiere ver mis papeles?”. El oficial responde: “Porque pareces un hispano que acaba de saltar la frontera. Quiero asegurarme de que estás aquí legalmente y no robándole al gobierno estadounidense. Ya no queremos ningún ‘espalda mojada’ aquí.”
Vega, enfurecido por la beligerancia del oficial, le insulta y por lo tanto es esposado y llevado a la comisaría. Sólo después de determinar que en realidad era un residente legal y ciudadano estadounidense, Vega es liberado (1).
Esta historia no es una exageración de un caso potencial de discriminación según el perfil racial, sino hechos que ocurrieron el sábado 1 de mayo de 2010. La violación de los derechos constitucionales de Vega tiene sus raíces en la reciente aprobación de la ley senatorial 1070 de Arizona, el 23 de abril 2010. La nueva legislación clasificó como delito penal el ser inmigrante ilegal en Arizona. Además, cedió el poder a la policía de Arizona para detener a cualquier persona que está bajo la sospecha de ser ilegal y el poder de arrestar a dicha persona si no puede comprobar su estatus legal o ciudadanía.
A pesar del plazo de 90 días antes de que la ley entre en efecto, hay hispanos como Vega que ya han sido afectados por las implicaciones raciales de la ley. Algunos agentes de la policía de Arizona han comenzado a actuar por su cuenta, sin considerar las reglas oficiales y detalles técnicos de la legislación. Si bien esta ley establece explícitamente que la discriminación según el perfil racial no está permitida, muchos creen que es inevitable.
¿Cómo es que una ley potencialmente ofensiva y controversial para miles de personas fue aprobada? Quizás para entender mejor por qué y para qué el gobierno de Arizona aprobó tal ley, uno debe de entender los antecedentes y la historia de migración (legal e ilegal) hispana a los Estados Unidos. El fenómeno de migración ha sido la fuente principal de crecimiento de la población y desarrollo de la cultura estadounidense. El grupo de gente nativa en el territorio actual de los Estados Unidos numéricamente hablando nunca fue muy grande pero, con la independencia de Inglaterra en 1776, el flujo de europeos ha sido constante. Los primeros inmigrantes durante la época colonial llegaron desde Europa del Norte, y poco después siguieron grupos de Suiza, de los Países Bajos, España, Italia, de los países escandinavos y de Europa del Este con la finalidad de alcanzar un crecimiento económico, y libertad religiosa y política. Asimismo, miles de africanos llegaron como esclavos en el siglo XVII para sustentar el crecimiento de la nueva nación.
En esta época, el movimiento de personas no fue regulado porque el libre flujo era necesario para el crecimiento de la población. El origen de la inmigración controlada se encuentra a finales del siglo XIX cuando una ley federal prohibía la entrada de convictos y prostitutas en 1875. En 1882 Presidente Chester A. Arthur prohibió casi toda la inmigración desde China a Estados Unidos, y poco después prohibió la entrada de mendigos, delincuentes y enfermos mentales. En 1892 la Isla Ellis fue inaugurada como la entrada principal de la nación para inmigrantes. Cuando terminó la operación en 1954, la Isla Ellis había recibido más de 12 millones de inmigrantes legales.
Durante la gran ola de inmigración desde 1881 hasta 1920, casi 23 millones y medio de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos. En 1921, el Congreso estadounidense aprobó una ley de cuotas, que redujo la inmigración de Europa del Sur y Este a 357,000 personas al año y limitaba el número de inmigrantes procedentes de un mismo país. En 1924 la inmigración se redujo a 160,000 al año, y en 1929 se redujo a 157,000. La idea de estas leyes era garantizar la actual composición étnica del país y ayudar a integrar los 15 millones de europeos meridionales y orientales que ya habían entrado en los cuarenta años anteriores.
En cambio, la puerta quedó abierta para los hispanos y los europeos del norte. Durante la década de 1920 la inmigración ilegal fue objeto de muchos debates en el Congreso. Se estima que 67,000 hispanos, la mayoría mexicanos, entraron a los Estados Unidos legalmente en el año anterior, y muchas veces más de ese número, entraron ilegalmente.
La inmigración se redujo drásticamente durante los años de la Gran Depresión. Los Estados Unidos cambiaron las normas de la visa lo cual redujo notablemente la inmigración hispana. Los funcionarios locales, estatales y federales del gobierno debatieron qué hacer con los que ya estaban en el país. Algunos mexicanos se repatriaron voluntariamente o bajo presión de los funcionarios locales, y otros fueron deportados. Finalmente, de 500,000 a 1,000,000 de hispanos y otros grupos étnicos salieron de Estados Unidos entre 1929 y 1939. Esto se debió a la deportación, así como a otros factores tales como la amenaza de la deportación y el agudo desempleo.
El alto nivel actual de la inmigración ilegal hispana se originó durante los años de guerra, en la década de 1940. La escasez de mano de obra hizo que el gobierno federal estableciera un programa para importar mano de obra mexicana para trabajar temporalmente en la agricultura, principalmente en el suroeste del país, llamado el Programa Bracero. Durante las próximas dos décadas alrededor de 4.8 millones de trabajadores mexicanos entraron al país y proporcionaron mano de obra barata para muchos empresarios estadounidenses. El programa finalmente terminó en 1964 debido a las quejas de los sindicatos y mexico-americanos acerca de que los extranjeros estaban tomando los trabajos de ellos. La inmigración ilegal aumentó considerablemente durante los años del Programa Bracero. El periódico Los Ángeles Times informó en mayo de 1950 que 21 mil hispanos habían llegado a través de la frontera mexicana a los Estados Unidos en abril y se quejó del trabajo de la patrulla fronteriza, que actuó con excesos en su trabajo.
Durante el primer presidencia de Dwight D. Eisenhower, se estimó que los cruces fronterizos ilegales habían crecido a alrededor de 1 millón. Esta mano de obra ilegal masiva tenía un impacto devastador sobre los salarios de los trabajadores estadounidenses. En 1954 Eisenhower nombró al general Joseph Swing a la cabeza del Servicio de Inmigración y Naturalización. Poco después, la “Operación Espalda Mojada” se puso en marcha. Con sólo 1,075 agentes de la Patrulla Fronteriza, decenas de miles de inmigrantes ilegales fueron capturados y mandados a su país de origen. Cientos de miles de personas volvieron a su patria voluntariamente. La inmigración ilegal disminuyó un 95% a finales de la década de 1950.
foto: http://i2.esmas.com
La disminución de la migración se detuvo en la siguiente década con la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1965. El Centro de Estudios de Inmigración ha señalado que este aumento de la inmigración era, en parte, porque el Congreso cambió el sistema de preferencia legal a las relaciones familiares en vez de preferencia por las necesidades de empleo y la capacidad de los inmigrantes.
Desde la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, el Congreso estadounidense ha aprobado siete amnistías dando residencia a millones de inmigrantes
Mientras que el presidente Bill Clinton hizo algunos esfuerzos para combatir la inmigración ilegal durante la década de 1990, el problema seguía siendo bastante grande. En 1996, la Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 fue aprobada. Sin embargo, los líderes de América Central y el Caribe dependían de las remesas enviados a sus países de los Estados Unidos, y se preocuparon de que Clinton apoyara las deportaciones masivas. Clinton aseguró a estos líderes que no habría deportaciones masivas. Los ocho años de administración de Presidente George W. Bush registró un fuerte aumento de la inmigración ilegal y una caída en la ejecución de ley de inmigración en gran parte de su mandato. En el año 2005, se estimaba que había de 10 a 20 millones de inmigrantes ilegales que vivían en los Estados Unidos. Según el Washington Post, 6 millones de empresas que empleaban a más de 7 millones de trabajadores ilegales.
Hoy en día, más de 1 millón de inmigrantes al año entran a los Estados Unidos de manera legal, mientras que la población ilegal crece alrededor de 500,000 personas al año. Sólo alrededor del 6 por ciento de ellos vienen de Canadá y Europa, y de los demás de los países de Latinoamérica. Casi la mitad de todos los inmigrantes ilegales que actualmente residen en los Estados Unidos no entraron ilegalmente sino sobrepasaron sus visas.
Cerca de 12 a 20 millones de inmigrantes ilegales residen en los Estados Unidos. California tiene más indocumentados que ningún otro estado, a alrededor de 2.4 millones. Otros estados con alta población inmigrante ilegal, son Texas, Florida, Nueva York y Arizona.
Existe mucha preocupación de la población estadounidense por el impacto negativo de la inmigración ilegal, por ejemplo con el número de hospitales en bancarrota, la masificación escolar, y el aumento de la delincuencia. Los contribuyentes pagan impuestos todavía más altos por esto, y tan sólo en California a partir de 2004 el costo neto de la inmigración ilegal a los contribuyentes se estima en casi $9 mil millones de dólares anuales (2).
El patrón de hoy en día es que muchos hispanos ya son legalmente estadounidenses (por nacimiento o naturalización) porque su familia ya tiene una o más generaciones en el país. Sin embargo, a veces su apariencia, o perfil, no es muy distinta a la de inmigrantes ilegales que apenas van en la primera generación. Por los problemas que se han causado con el flujo de inmigrantes desde Latinoamérica, ha habido mucha dificultad con este tipo de discriminación que en ingles se llama “racial profiling”, o la discriminación de una persona por un cierto perfil racial o étnico. Tal discriminación no está limitada a los hispanos, pero la nueva ley SB 1070 de Arizona está relacionada directamente con este grupo étnico por su posición geográfica en la frontera Estado Unidos-México.
Arizona tiene un estimado de 460,000 inmigrantes ilegales, una cifra que se ha quintuplicado desde 1990. Es el estado con la mayoría de los cruces ilegales de la frontera México-Estados Unidos, sus desiertos son el punto de entrada para miles de los mexicanos y centroamericanos. A finales del 2000, Phoenix tenía un promedio de un secuestro por día, ganándose la reputación como la peor ciudad de Estados Unidos en este aspecto (3). Arizona tiene en su historia de aprobar restricciones a la inmigración ilegal, incluida la legislación en 2007 que impuso fuertes sanciones a los empleadores que contrataban a inmigrantes ilegales (4). Medidas similares a la ley SB 1070 fue aprobada por la legislatura varias veces antes, sólo para ser vetados por el gobernador demócrata Janet Napolitano (5). También ha habido referendos, como la aprobación de HR 200 (2004) que trataba de restringir el uso de los servicios sociales de inmigrantes ilegales.
El senador estatal Russell Pearce, promotor del proyecto de ley SB 1070, relaciona el aumento demográfico de hispanos con el aumento de las drogas y la violencia relacionada con el contrabando de humanos en México y Arizona, y con una economía de estado en declive. Los residentes del estado se vieron frustrados también por la falta de progreso en el nivel federal acerca de la inmigración ilegal.
El 27 de marzo del 2010, residente de Arizona Robert Krentz y su perro fueron asesinados aparentemente por un inmigrante ilegal y con este acontecimiento, la ley SB 1070 se puso en marcha. El 13 de abril del 2010, la ley fue aprobada por la Cámara de Representantes de Arizona por un voto 35-21 partidista(6). En Arizona (6), una vez que la legislatura aprueba una ley, el gobernador tiene cinco días para tomar la decisión de firmar, vetar, o dejarla pasar sin firmar. La pregunta entonces fue si la gobernadora Brewer firmaría el proyecto convirtiéndolo en ley o la rechazaría por influencias externas como la del Senado de la República Mexicana que exhortó al gobernador a vetar la medida y la de la Embajada de México en los Estados Unidos que expresó su preocupación acerca de los posibles casos de discriminación que por los perfiles raciales puedan resultar. Los mensajes de los ciudadanos estadounidenses a Brewer, sin embargo, fueron de 3 a 1 en favor de la ley. Brewer sabía que su decisión le causaría problemas políticos no importa la forma que ella decidió, y el 23 de abril, lo aprobó (7).
En el trascurso de un mes desde la firma de la ley SB 1070, las consecuencias ya se han visto y las reacciones han sido extremas. Una encuesta encontró que la mayoría de americanos (60%) están de acuerdo con el objeto principal de la ley que es el derecho de los oficiales a detener y verificar el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa de ser un inmigrante ilegal (8). Una encuesta nacional de Fox News encontró que el 61% de los encuestados pensaban que Arizona tenía derecho a adoptar iniciativas propias en lugar de esperar acción federal, y 64% pensaba que la administración de Obama debe esperar para ver cómo funciona la ley en la práctica, en lugar de tratar de detenerla. Ha habido protestas y boicots de varias formas en Arizona y otros estados en las que han participado celebridades, equipos profesionales, políticos, etc., en la lucha a favor o en contra de la nueva ley.
El impacto directo sobre los inmigrantes y sus familias, sin embargo, ha sido mucho más fuerte. Muchos trabajadores migrantes ilegales ya se fueron de Arizona en busca de empleo en Texas, California y Nuevo México con el fin de evitar enfrentamientos con la policía de Arizona. Algunas iglesias cristianas en Arizona (9) con grandes congregaciones de inmigrantes han reportado una caída del 30% en sus cifras de asistencia (10). Los políticos republicanos en casi una docena de estados incluyendo Utah, Georgia, Colorado, Maryland, Ohio, Carolina del Norte, Texas, Missouri, Oklahoma y Nebraska han apoyado su legislación propia sobre la inmigración ilegal a raíz de la ley SB 1070, quedando la esperanza de aprobar una legislación que refleja la de Arizona (11). En general, los otros estados fronterizos - Texas, Nuevo México y California - mostraron poco interés en ese tipo de legislación debido a que han establecido profundos lazos culturales con México y la percepción de su población de que la inmigración ilegal es un problema menos grave que la población en Arizona.
Algunos expertos en inmigración dijeron que la ley podría hacer que los trabajadores con visas H-1B son más vulnerables a ser detenidos en público sin su permiso por el miedo de perder un documento muy difícil de reemplazar. También, como consecuencia, universidades y empresas de tecnología en el estado podrían tener más dificultades para reclutar estudiantes y empleados. Algunas universidades ya sienten los efectos, como el presidente Robert N. Shelton de la Universidad de Arizona quien expresó su preocupación por la retirada de un número de estudiantes con “cuadro de honor” de la universidad en reacción a este proyecto de ley. (12) Además, la ley apoya la prohibición de clases de Estudios Étnicos porque afirman que dichas clases “apoya la traición del país” y muchas cabezas de departamentos de educación en Arizona ya no van a dejar que maestros con acentos hispanos enseñen ingles (13).
El suceso más reciente en Arizona acerca de la batalla sobre la inmigración ilegal es la cuestión de que si un bebé nacido en los Estados Unidos de dos padres ilegales (bebe de anclaje o “anchor baby” en ingles) debe ser considerado como ciudadano estadounidense. Hay tanta controversia acerca de este tema porque lo que muchos padres hacen con un bebé de anclaje es se aprovechan de los beneficios de servicios sociales (para personas de bajo ingreso) porque, según la Constitución de los Estados Unidos y la catorceava enmienda, una persona nacida en el país tiene todos los derechos de un estadounidense, en este caso el bebe recién nacido. Si bien la ley SB 1070 requiere que inmigrantes tengan la documentación adecuada a cada momento, la propuesta sobre los bebés de anclaje previene que un bebé de dos inmigrantes ilegales jamás tendrá ciudadanía. La idea principal de aprobar una ley así es hacer que el proceso de ciudadanía sea tan difícil que los inmigrantes ilegales saquen su “ancla” de los Estados Unidos y se vayan a su país de origen. La gobernadora Pearce dice que está determinada a lograr ahora una ley contra los bebés de anclaje.
Sería bastante difícil decir quién tiene la razón en esta batalla sobre la inmigración ilegal en los Estados Unidos porque es obvio los fines que tienen los inmigrantes (buenos y malos), pero también es fácil comprender las preocupaciones de los ciudadanos de Arizona. Sin embargo, el hecho de que una ley permite el uso de perfiles raciales es una contundente violación la Constitución de los Estados Unidos la cual ha regido al país exitosamente por más de 200 años. Que si hace falta un cambio en el sistema migratorio en los Estados Unidos, esto es claro, pero violar los derechos de ciudadanos o residentes del país por el simple hecho de que tienen rasgos latinos es una vergüenza para el estado de Arizona y para el gobierno federal que no ha hecho nada para detener esta ley SB 1070 tampoco. Es una ley claramente extrema y sin bastantes especificaciones sobre los derechos que tienen los oficiales del estado, y temprano o tarde se va a convertir en un problema de racismo excesivo como vimos en el caso de Eduardo Vega, que sin motivo fue humillado y detenido hasta que pudo probar que era ciudadano estadounidense. Si bien es cierto que los ciudadanos deben de traer su identificación personal consigo también lo es que el razonamiento por lo cual un oficial puede detener a una persona debe de ser más claro y especifico en el texto de la ley para que no se sigan cometiendo en aras de su aplicación, abusos de autoridad por parte la policía de Arizona. Si la legislación de Arizona (y las de otros estados que irán aprobando leyes parecidas en el futuro) pueden especificar los derechos de autoridades y tomar control sobre los abusos que han cometido, tal vez esta ley puede ser justificada y ayudar el problema de migración ilegal. Si no, seguirá siendo un punto de tensión para estadounidenses tal como México-Estadounidenses, y sólo marcará más la división entre los dos países.
Notas al pie:
1. Nguyen, D. (2010, May 10). Arizona Immigration Law Enrages Countless OC Latinos. Retrieved June 14, 2010, from
http://www.newuniversity.org/2010/05/news/arizona-immigration-law-enrages-
countless-oc-latinos/
2. History of Illegal Immigration in U.S. (2009). Recuperado 19 de Abril 2010, de
http://www.endillegalimmigration.com/History_of_Illegal_Immigration_in_US/index.shtml
3. Asbury Park Press. (2010, May 12). Other Border States Shun Arizona's Immigration Law. Retrieved June 13, 2010
4. The Washington Post. (n.d.). Previous Arizona Legislation.
Retrieved June 13, 2010, from
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/06/AR2007070601929_pf.html
5. Mexican-American.org. (n.d.). Arizona Passes Discriminative Immigration Law.
Retrieved June 13, 2010, from
http://mexican-american.org/history/2010/arizona/immigration-law/SB-1070_p2.html
6. Rossi, D. (2010, April 13). Immigration Bill Takes Huge Step Forward .
Retrieved June 13, 2010, from
http://www.kpho.com/news/23143174/detail.html
7. Archibold, R. (2010, April 23). Arizona Enacts Stringent Law on Immigration.
Retrieved June 13, 2010, from
http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.html?ref=us
8. Rasmussen Reports. (2010, April 26). Nationally, 60% Favor Letting Local Police Stop and Verify Immigration Status. Retrieved June 13, 2010, from
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/
immigration/nationally_60_favor_letting_local_police_stop_and_verify_immigration_status
9. Shanks, J. (2010, April 29). Immigrants Leaving Arizona - New Law Sends Workers to Texas, California & New Mexico. Retrieved June 13, 2010, from
http://www.nationalledger.com/ledgerdc/article_272631548.shtml
10. Goldberg, E. (2010, May 28). Faith leaders tread carefully on Arizona boycott.
Retrieved June 13, 2010, from
http://www.kansascity.com/2010/05/28/1978062/faith-leaders-tread-carefully.html
11. Nill, A. (2010, April 28). REPORT: Following Passage Of Arizona Law, At Least Seven States Contemplate Anti-Immigrant Legislation. Retrieved June 13, 2010, from
http://wonkroom.thinkprogress.org/2010/04/28/immigration-arizona-law/
12. Huffington Post. (2010, April 20). Arizona Immigration Law Sparks National Uproar.
Retrieved June 13, 2010, from
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/20/arizona-immigrationlaws_n_544864.html#s86807
13. Huffington Post. (2010, April 30). Arizona Ethnic Studies Classes Banned, Teachers With Accents Can No Longer Teach English. Retrieved June 13, 2010, from
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/30/arizona-ethnic-studies-cl_n_558731.html
 |
|---|