AÑO 7 NO. 26 || 30 . AGOSTO . 2015

LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Artículo realizado por: Lic. José Nabor Andrade Juárez

Licenciatura en Criminología y Criminalístca

Universidad De La Salle Bajío A. C.


Imagen tomada de: www.clarin.com/opinion


En materia de Seguridad Pública, actualmente en nuestro país, el principal reto que se enfrenta, es reducir la criminalidad, pues ésta, ha rebasado la capacidad del Estado para combatirla, ya que la misma crece, evoluciona y se transforma, mientras que los cuerpos del orden, van más lentos en su progreso o en algunos casos no presentan cambio alguno.

Emilio Durkheim, en sus Reglas del Método Sociológico, determina que la criminalidad es un fenómeno común, útil y necesario de toda sociedad. El crimen es un fenómeno inherente a la naturaleza social del hombre. No existe sociedad alguna donde no haya criminalidad. Cambia de forma, los actos así calificados no son los mismos; pero siempre y en todas partes existirán hombres para quienes se haga necesaria la represión penal; es el crimen un factor de salud pública, una fuente integrante de cualquier sociedad sana.

La criminalidad se debe entender como la manifestación de la actividad criminal en la sociedad. Conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad.

Ya el Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino , en el marco del Primer Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito, Retos y Perspectivas de la Seguridad, celebrado en la ciudad de Guanajuato capital en el 2005, refería “parece ser que al menos tenemos claridad en torno a la raíz generalizada de la problemática: Los medios o recursos para delinquir van de la mano con la evolución de las sociedades modernas. Además, el núcleo de ilicitud es susceptible de incrementarse en la medida que se crean nuevas formas de explotar el carácter clandestino de productos, se inventan nuevos satisfactores o se generan otro tipo de relaciones interpersonales”.

Hoy día, la criminalidad ha superado lo mínimo soportable, superando en su capacidad de actuación, la fuerza reactiva del Estado, quien está obligado a actualizarse continuamente en sus técnicas, estrategias y métodos, de lo contrario terminará por perder la poca fe hacia las instituciones públicas y al triunfo de la delincuencia sobre la sociedad.

No se puede ser flemático ante la magnitud del problema, ciudadanía y gobernantes, deben ir a la par, trabajando conjuntamente para lograr disminuir éste flagelo social, la responsabilidad no es únicamente de las autoridades, todos y cada uno, debemos abonar desde nuestra trinchera aportaciones en pro de la disminución delictiva.

En México, el aumento de la violencia con altos índices de robos, secuestros, homicidios, extorsiones, entre otros, constituye un problema alarmante. Si bien es cierto, el Estado de Guanajuato, no es de las entidades con las cifras más elevadas, la delincuencia común ha venido acrecentándose en los últimos años, y cada vez se presentan más hechos violentos, generando inseguridad entre sus habitantes.

Esta violencia e inseguridad repercute directamente sobre el imaginario colectivo, sobre todo cuando sobrepasa los límites de tolerancia que la ciudadanía pueda soportar, trayendo consigo el rompimiento del tejido social y la pérdida de credibilidad en las instituciones.

La criminalidad que generalmente han enfrentado las autoridades estatales, es la denominada convencional o del fuero común. Criminalidad que ha ido ascendiendo, conforme se agudiza la crisis socio-económica.

Otro asunto relacionado con la criminalidad, es la percepción ciudadana, por un lado, tenemos una realidad objetiva del crimen, el Estado debe combatir con los recursos a su alcance, y por el otro, una percepción personal, subjetiva de cada actor social, en cuanto a su propia visión de lo que es el crimen, su naturaleza, causas y posibles soluciones.

A fin de evitar ese distanciamiento entre lo real y lo percibido por la sociedad, se necesita una política que integre y concuerde la política estatal con la construcción social de la desviación y el control, debe ser parte del desarrollo social, estar sustentada en criterios técnicos y profesionales, debe ser concordante con los intereses no solo del estado, sino sobre todo, de la sociedad.

Una Política Criminal, es una política pública, que forma parte de las políticas que tienen o deben tener los Estados para enfrentar al fenómeno criminal en el momento que sea necesario.

Es por ello, que no todas la políticas públicas en materia de control criminal son iguales, porque la problemática dista de una nación a otra, de una Entidad Federativa a otra, de un Municipio a otro, incluso dentro de cada municipio, de un polígono a otro, de una colonia a otra.

Al respecto, se considera importante trazar una línea histórica que haga visibles las formas de manifestación y las transformaciones del delito en el transcurso del tiempo y hacer un cruce de la criminalidad con el orden social de cada época, transcribiendo el concepto de conducta desviada en cada situación y el alcance de la tutela de los bienes jurídicos en concordancia del respectivo orden social.

Eugenio Raúl Zaffaroni , refiere que la Política Criminal, es la acción del Estado contra el crimen, conforme a los resultados de la investigación criminológica entendida como ciencia empírica, o bien, entenderla en dos significados:

a) como «disciplina de observación» que determina cuáles son los objetivos de los sistemas penales y en qué medida son alcanzados en la realidad;

b) como el «arte de legislar o aplicar la ley» con el fin de obtener los mejores resultados en la lucha contra el delito.

Resumiendo, no es otra cosa más que la política referente al fenómeno delictivo y, como tal, no es más que un capítulo de la política general del Estado.

Una Política Criminal tiene que asumir como fin ulterior, el bienestar común de toda la sociedad en su conjunto y no atacar la delincuencia en sí misma. Aislar el problema de la delincuencia y neutralizarlo en discursos y doctrinas penales o de otro tipo, lleva a complicaciones intolerables, como la militarización de la policía, la criminalización de sectores de la población vulnerables, así como abusos y corruptelas en esferas políticas con mucha concentración de poder.

En la actualidad, las nuevas tendencias en la materia, ha ampliado los horizontes más allá del derecho penal, de la represión, busca ser garantista, humanizada, prevenir más que reprimir. La política criminal ya no tiene que ver únicamente con políticas penales, sino comprobar el funcionamiento del sistema penal en términos de su coherencia entre fines, medios y resultados; lo que no deberá quedar en manos experimentales, sino de expertos, de profesionales altamente capacitados y especializados.

Una efectiva política criminal lleva en sí misma otras políticas, legislativa, judicial, policíaca, penitenciaria, victimológica, pues no debe dejar de lado a ninguna de ellas, de lo contrario, todo esfuerzo del Estado, será en vano.

Acorde al Derecho Positivo Mexicano, corresponde al Estado organizar un Sistema de Planeación Democrática de Desarrollo de la entidad, mediante la participación de los Sectores Público, Privado y Social, y a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, proponer la Política Criminal en el ámbito Estatal, que comprenda las estrategias, mecanismos, normas, instrumentos y acciones, necesarios para combatir y prevenir las conductas delincuenciales o criminales.

Sustenta lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, al establecer que dicha Secretaria contará entre otras unidades administrativas, con la Dirección General de Política Criminal; otorgándole las siguientes facultades:

I. Recopilar información en materia de seguridad, generada en el Estado y en coordinación con los municipios;

II. Integrar, analizar, discriminar y clasificar información en materia de seguridad pública y emergencias, que genere el Centro Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i);

III. Apoyar a los municipios en materia de información sobre seguridad pública;

IV. Proporcionar información a entidades públicas en materia de seguridad;

V. Analizar los datos generados por el programa de registro y control de detenidos;

VI. Orientar la política criminológica del Estado;

VII. Procesar la información para la instrumentación metodológica de los programas de seguridad pública;

VIII. Dirigir el Registro Estatal de Policía;

IX. Establecer sistemas estadísticos y de información en materia de seguridad pública; y

X. Impulsar y apoyar los programas de seguridad pública de los municipios.

Estará integrada por dos direcciones de área: Dirección de Política Criminal y Dirección de Planeación y Estadística Criminológica.

La Dirección de Política Criminal, tiene las siguientes potestades:

I. Establecer las directrices para definir la política criminológica en el Estado;

II. Diseñar la política criminal en materia de prevención del delito y ejecución de sanciones privativas de la libertad, en coordinación con las áreas correspondientes;

III. Apoyar al Director General de Política Criminal en la definición de la política criminológica;

IV. Proponer reformas a las disposiciones legales que sustenten la orientación de la política criminológica del Estado;

V. Impulsar una política criminológica integral que contribuya a preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad en el Estado;

VI. Formular y realizar proyectos de investigación científica, vinculados con el delito, sus consecuencias y la reacción punitiva estatal;

VII. Procurar la vinculación con instancias que tengan la misma finalidad, en otros ámbitos de gobierno; y

VIII. Realizar investigaciones especializadas por municipio, estrato social y fenómeno delictivo, encaminadas al conocimiento integral de la delincuencia.

Al hacer un análisis del manejo de las políticas públicas en materia de criminalidad en el Estado de Guanajuato, se coincide con Fernando Tocora , al considerar que la política criminal ha estado marcada por un desfase entre norma y realidad, entre lo proclamado y lo practicado, entre el modelo oficial y el modelo aplicado, confundiéndose dicha política con la represión, y ésta, con la prisión, originándose un inflacionismo legislativo que reduce cada vez más la libertad ciudadana.

Efectivamente, las autoridades responsables de la seguridad pública siguen cometiendo el error de elevar las penas, creyendo que esa práctica errónea inhibirá la comisión de conductas delictivas, cuando está más que probado que no ha contribuido en lo mínimo a la reducción de la criminalidad, y menos, cuando ni siquiera hay una adecuada difusión de las reformas legislativas, pues no basta con que se publiquen en el diario oficial, deberían de publicarse en los diarios de mayor circulación e incluso hacer campañas de difusión masiva, y aun así, por si mismas no disminuirían en gran medida la actividad delictiva.

No debe dejar de reconocerse los esfuerzos que a través de la Secretaría de Seguridad Pública realiza el Gobierno del Estado de Guanajuato en materia de Política Criminal, en los últimos 10 años, ha realizado 5 Congresos Internacionales en Política Criminal, desarrollados con la finalidad de contar con un mecanismo de información y análisis de diversas orientaciones político criminales y programas en materia de prevención del delito, los cuales se desarrollaron desde el 2005 hasta el 2011 con diversas temáticas como se muestra en el recuento siguiente:



Fuente: http://cispsvd.guanajuato.gob.mx/congreso/convocatoria.php#prettyPhoto

Volviéndose a retomar el tema, los días 18 y 19 se septiembre de 2014, en esta ocasión, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato al llevarse a cabo el Foro “Seguridad y Políticas Públicas”. En el discurso inaugural, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, explicó que la Secretaría está generando políticas públicas en materia de capacitación, ejecución penitenciaria y prevención del delito, con la finalidad de proporcionar más y mejor seguridad para las familias. “Para la generación de estas políticas públicas, desde el inicio de la actual Administración Estatal se tomaron en cuenta las necesidades y propuestas de la ciudadanía. “Una de las políticas en la materia, es el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el que se determinó a través de polígonos la ubicación de conductas delictivas, además de atenderlos mediante programas específicos y enfocados con una mayor precisión”.

El 26 de noviembre de 2014, el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, acompañado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, asistieron a la presentación del Observatorio Ciudadano Estatal en Materia de Seguridad Pública, el cual es presidido por el C.P. Juan Manuel Ayala Torres.

Ambos funcionarios, fueron coincidentes en que la participación de la ciudadanía representa una estrategia medular en materia de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, pues ha quedado claro que el fenómeno delictivo es complejo, por lo que se requiere una suma de esfuerzos en donde la sociedad civil sea la que supervise, vigile y dé seguimiento al cumplimiento de las estrategias, programas y acciones implementadas en materia de seguridad, justicia y legalidad en el Estado; para lo cual, la actual Administración Pública Estatal ha enfocado los esfuerzos en el combate al fenómeno de la violencia y la delincuencia, con una visión integral, transversal y multidisciplinaria, en la que la participación ciudadana es el eje de los esfuerzos públicos.

Por lo anterior, se considera de importancia trascendental la creación del Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública, pues éste, debe permitir la participación activa de los distintos sectores de la sociedad, para que sean ellos quienes evalúen los programas en materia de seguridad y prevención, así como proponer estrategias tendientes a disminuir los índices delictivos en el Estado.

Si hay seguridad hay desarrollo y se generan más atracciones de inversiones, lo que permitirá un mejor crecimiento económico que beneficiará a todos los guanajuatenses.

Para cerrar el año 2014 con temas de Política Criminal, durante los días 8 y 9 de diciembre, se celebró el 1er Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con ponentes de talla internacional, con el objetivo de establecer un marco de referencia teórico-práctico sobre los paradigmas vigentes de la prevención social implementados en otros sistemas, con el propósito de crear un espacio interdisciplinario e interinstitucional que permita el intercambio de opiniones por parte de funcionarios públicos, académicos y organismos autónomos para la incorporación de nuevas estrategias y alternativas de solución a la problemática que implica el incremento de la violencia y la delincuencia en sus diferentes contextos.

Por último, los días 23 y 24 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el 2º Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, bajo el eslogan “un modelo democrático de inclusión social”, al hacer uso de la voz el Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, durante el acto inaugural, manifestó: El Gobierno del Estado impulsa acciones integrales en materia de prevención para recuperar el tejido social, en Guanajuato estamos construyendo las condiciones necesarias para que las mujeres y hombres guanajuatenses tengan oportunidad de vislumbrar un futuro alejado de cualquier acto ilícito. Todas estas, son acciones que dan cuerpo a nuestra estrategia en la prevención, que están contenidas en uno de nuestros principales ejes de gobierno “Guanajuato Seguro”, en donde la prevención es fundamental para continuar con nuestro crecimiento y para seguir brindando oportunidades de desarrollo a las familias guanajuatenses.

Lo anterior, deja de manifiesto la postura del Estado frente a la criminalidad, dentro de su Política Criminal, está apostando a la prevención, dejando de lado la represión.





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CITAS

1 Maestro en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Técnico Penitenciario por la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), Docente certificado para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal por la SETEC, Ex Director de los CERESOS de San Felipe, Gto., Irapuato, Gto., Valle de Santiago, Gto., León, Gto., Salamanca, Gto., y Celaya, Gto., Ex asesor jurídico de la DGSP (Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato), Ex Abogado Penitenciario, Jefe del Departamento de Control Jurídico y Encargado de la Subdirección de Apoyo Técnico del CEFERESO No. 5 en Villa Aldama, Ver., Catedrático de la Licenciatura de Criminología en las Universidades De la Salle Plantel León, Humani Mundial Planteles Andrade-León, Juan Alonso de Torres-León, Silao y San Francisco del Rincón, Gto. y Franciscana de México.

2 BARROS LEAL, Cesar. Coordinador. Violencia, Política Criminal y Seguridad Pública. Realidad y Desafío En el Siglo XXI. México. Edit. INACIPE. 2003. Pág. 103

3 HIKAL, Wael. Introducción al Estudio de la Criminología. 2ª Ed. México. Edit. Porrúa. 2011. Pág. 130

4 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe. La Seguridad Pública en el Contexto General del Sistema de Justicia Penal y de la Política Criminal, en Memorias del Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito, Retos y Perspectivas de la Seguridad. Guanajuato, México. Edit. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Pág. 115

5 CORREA GARCÍA, Sergio. 2000. Los Retos actuales del Control del delito y sus Implicaciones. Revista Mexicana de Seguridad Pública No.1. Enero-marzo. Pág. 31.

6 RIVERA BEIRAS, Iñaki. Política Criminal y Sistema Penal, Viejas y Nuevas Racionalidades Punitivas. Barcelona, España. Edit. Anthropos. 2005. Pág.33

7 AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique. Políticas de Seguridad Pública, Análisis y Tendencias Criminológicas y Políticas Actuales. México. Edit. Porrúa. 2011. Pág. 73

8 TOCORA, Fernando. Política Criminal en América Latina Seguridad Nacional y Narcotráfico. México. Edit. Orlando Cárdenas Editor. 1995. Pág. 21.

9 Foro Seguridad y Políticas Públicas. 8 de junio de 2016. Recuperado de http://www.igeteomx.info/2014/09/inauguran-foro-del-sistema-estatal-de-seguridad-publica/#sthash. 2yXyK7PX.dpuf.