AÑO 7 NO. 26 || 30 . AGOSTO . 2015

“VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y FEMINICIDIO EN MÉXICO Y EN EL ESTADO DE GUANAJUATO”

Artículo realizado por Ruth Medrano Cadena y Norma Rocío Gutiérrez Vaca

Universidad de La Salle Bajío A. C.


Imagen tomada de: www.vanguardia.com.mx


1.- Introducción. 2.- Contexto general. 3.- Estadísticas de violencia contra las mujeres y feminicidio a nivel Federal. 4.- Violencia contra las mujeres en Guanajuato y alerta de género. 5.- Conclusiones.

Introducción

La violencia de género es un flagelo social en todo el mundo que desde hace algunas décadas ha sido ampliamente abordado, en parte por su incremento, pero también por la agudización de sus manifestaciones.

La violencia de género más frecuente es la violencia contra las mujeres, que es la manifestación extrema de las desigualdades que históricamente se han dado en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y que están presentes en casi todas las sociedades. A través de las valoraciones que socioculturalmente se realizan acerca de la diferencia sexual se establece la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, lo cual origina una posición de desventaja para las mujeres, que se traduce en un menor acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones. La falta de poder tanto material como simbólico en las mujeres las coloca en situaciones de sometimiento y subordinación frente a los varones, quienes ejercen poder sobre ellas de distintas maneras, de las cuales, el ejercicio de la violencia sobre sus cuerpos es una de ellas (Estrada, M., 2011).

Contexto General

Como lo muestran múltiples investigaciones, la violencia de género contra las mujeres se sostiene “en un conjunto de condiciones sociales, políticas, culturales, económicas e ideológicas que logran articular los procesos macrosociales con la vivencia de la subordinación en el orden de las relaciones cotidianas y en las escalas microsociales, lo que hace que cada mujer perciba su situación como algo personal, individual, no compartido con otras y mucho menos producto de una compleja construcción sociohistórica de poder y de dominación” (Castañeda, 2013).

Una concepción tan amplia como esta “permite comprender por qué las propuestas analíticas feministas han ido más allá de la focalización en las relaciones de pareja y familiares para investigar también las dimensiones políticas del fenómeno, concentradas en una acepción de las relaciones de género como hecho político atravesado por el poder, consustanciales a la conformación del orden social”. En este panorama, el Estado aparece como una “instancia reguladora de todas las relaciones sociales, incluyendo las de género. Una evidencia dramática de la concatenación de los distintos procesos enunciados es la muerte violenta de mujeres, cuya magnitud dio pie a la conceptualización del femicidio o feminicidio” (Castañeda, 2013).

Femicidio es un término que acuñó Diana Rusell en la década de los setentas como alternativa al término neutro de “homicidio”; de acuerdo con su definición, femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ella, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. El término Feminicidio fue desarrollado por la investigadora mexicana Marcela Lagarde, quien lo define como el acto de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, confiriéndole a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar. Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado, pues favorece la impunidad (OACNUDH y ONU Mujeres).

A pesar de esas diferencias conceptuales, los marcos normativos utilizan indistintamente los términos “femicidio” y “feminicidio” para referirse a la muerte violenta de mujeres por razones de género, diferenciándolos del concepto neutral en términos de género de homicidio.

Sobre esto, en el ámbito internacional, el estudio mundial sobre homicidio del 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que en el contexto familiar y de relaciones de pareja las mujeres están en un riesgo considerablemente mayor que los hombres, así, dos terceras partes de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos o familiares son mujeres (43 600 en 2012) y un tercio (20 000) son hombres. Casi la mitad (47%) de todas las víctimas femeninas en 2012 fueron asesinadas por sus compañeros íntimos o familiares, en comparación con menos de 6% de las víctimas masculinas. Otras cifras al respecto se encuentran en el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica titulado Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, en donde se refiere que a nivel mundial, el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal, lo cual es también una cifra alarmante. Este informe pone de relieve que la violencia contra la mujer es un fenómeno omnipresente en todo el mundo. Sus conclusiones nos transmiten el enérgico mensaje de que no se trata de un pequeño problema que sólo afecta a algunos sectores de la sociedad, sino más bien de un problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas, que requiere la adopción de medidas urgentes, y por lo cual es necesaria una intervención a nivel mundial.

En este mismo contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha manifestado profundamente preocupada por la prevalencia mundial de asesinatos de mujeres y niñas, que como ya se comentó, está alcanzando proporciones alarmantes, e insta a los Estados Miembros a que ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, así como a que examinen la posibilidad de poner en marcha iniciativas institucionales, según proceda, para mejorar la prevención del asesinato de mujeres y niñas por razones de género (ONU, 2013).

Ahora bien, pasando al contexto regional, según información de la Small Arms Survey, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de feminicidio están en la región de América Latina y el Caribe. Citando el mismo informe, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, indicó durante la 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW57), que en 2011, 647 mujeres perdieron la vida en El Salvador, 375 en Guatemala, y que el feminicidio representa la segunda causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva en Honduras. Así mismo agregó que la tasa de impunidad para crímenes de feminicidio se estima en 77% por ciento en El Salvador y Honduras. Con esto podemos observar que en nuestra región de América Latina y el Caribe tenemos un alto índice de feminicidios en comparación con la mayoría de los países del mundo.

Pasando al ámbito nacional, en México el interés por el tema de los homicidios de mujeres empezó por la alarma en torno a crímenes contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez hace más de quince años, pues cientos de ellas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas sin que el Estado Mexicano esclareciera los hechos y diera con los responsables. Fue entonces que surgieron organizaciones para apoyar a familiares de las víctimas, para luchar frente a la violencia contra las mujeres y en general movimientos civiles en defensa de los derechos humanos, quienes recurrieron a organismos internacionales en busca de justicia. Así, varios de estos organismos se han pronunciado al respecto, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, diferentes organizaciones no gubernamentales, entre muchos otros, exigiendo al gobierno mexicano el esclarecimiento de los casos y el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, así como la puesta en marcha de políticas de gobierno con perspectiva de género para enfrentar dichos crímenes y sus causas.

Uno de los pronunciamientos más importantes, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras vs. México, conocido como caso “Campo algodonero”, en donde se precisan obligaciones específicas de los Estados en la prevención, investigación, sanción y reparación de los casos de homicidios de mujeres por razones de género, y se reconoce la responsabilidad que pesa sobre los Estados por la falta de respuesta de los sistemas de justicia frente a los crímenes que afectan a las mujeres, así como las medidas que deben ser adoptadas al respecto. Debido a lo anterior, el Estado Mexicano respondió con varias acciones en pro de cumplir con los resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las cuales fue la creación de una Comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones de los homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, y posteriormente la creación de una la Comisión especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada, la cual significó un avance conceptual y político enorme porque su indagación no se limitaba a los sucesos de Juárez sino que abarcaba todo el país, y su materia ya no eran los homicidios de niñas y mujeres, sino los feminicidios, para lo cual se legisló también en la materia.

Esta Comisión desarrolló varias líneas de trabajo, una de las cuales fue la realización de un diagnóstico sobre violencia feminicida en todo el país, en la cual se investigó a partir de información oficial sobre lo ocurrido entre los años 1999 y 2006. En la investigación se ubicó los crímenes contra niñas y mujeres en el marco de la violencia de género, arrojando resultados sorprendentes: en el año 2004, 1205 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país; 4 niñas y mujeres fueron asesinadas cada día; más de 6000 niñas y mujeres fueron asesinadas en 6 años, entre 1999-2005, por lo que se dedujo que más de 1000 niñas y mujeres son asesinadas cada año en México (Lagarde, M., 2008).

Estadísticas de violencia contra las mujeres y feminicidio a nivel federal

De acuerdo a lo declarado por el INEGI en 2015, la violencia contra las mujeres está ampliamente extendida en todo el país y no se trata de actos aislados sino de un patrón general, ya que aun cuando en entidades como el Estado de México, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Chihuahua y Sonora se observan las prevalencias más altas, todas, excepto la registrada en el Estado de Chiapas, están por encima del 50 por ciento (ver gráfica 1).

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), levantada por el INEGI a finales de 2011, permiten determinar la prevalencia de la violencia por cada 100 mujeres de 15 años y más. A partir de esta información es posible afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral. Si bien en general 63 de cada 100 mujeres ha sido víctima alguna vez de cualquier tipo de abusos, incluyendo la discriminación, se aprecia que el 33.5% de ellas ha recibido agresiones ya sea solo de la pareja (18 de cada 100), de cualquier otro agresor (12 de cada 100), o una menor proporción (3.7%) fue discriminada en el trabajo o le pidieron constancia médica de no gravidez. El restante 28.3% ha sido violentada por distintos agresores, incluyendo a su pareja o ex-pareja. Ello muestra que las mujeres están sometidas a agresiones múltiples, que se ejercen por muy diversos agresores, desde los más cercanos hasta por extraños o ajenos a su espacio y relaciones cercanas (INEGI, 2015).



Gráfica 1: Información basada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 2015, p. 5).

Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 20 a 39 años: 68% ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80% y el Estado de México el 78 por ciento. 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento). Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6%), que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%). 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual (INEGI, 2015).

En el periodo de 2000-2014, se registraron 235 mil defunciones por homicidio, 11.2% de las cuales fueron contra mujeres. En promedio se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país (INEGI, 2015).

Continuando con las estadísticas retomadas del INEGI (2015), en cuanto a los índices de homicidios durante el periodo 2000-2014 se observa, particularmente en los homicidios de hombres, una tendencia que muestra una disminución paulatina pero constante en el quinquenio 2000 - 2004, y a partir de 2008 ésta situación cambia abruptamente, alcanzando su nivel máximo en 2011, momento en el que llega a una tasa de 23 defunciones por homicidio por cada cien mil habitantes y de 43 defunciones de hombres por cada 100 mil.

La tendencia en los homicidios de mujeres muestra un patrón diferente: pocas variaciones, manteniéndose en un rango constante de entre dos y tres homicidios por cada cien mil mujeres y con un importante aumento entre 2008 y 2012. Otra diferencia importante es que mientras que la tasa de defunciones por homicidio de hombres desciende a partir de 2011 en el caso de las mujeres aumenta en 2013.

De acuerdo con la información de los últimos 15 años, se aprecia que los homicidios de mujeres están menos sujetos a los cambios de contexto o coyunturales, e indican que se trata más de un fenómeno estructural, mismo que sin duda, se ve afectado por las coyunturas, pero no lo determina. Es decir, los asesinatos de mujeres derivan de un patrón cultural y menos de los cambios de la violencia social por el crimen organizado.

Sin duda el periodo de mayor violencia en el país se ubica entre 2008 y 2011, observándose los principales cambios en el estado de Chihuahua, que pasó de una tasa de 15 a 75 defunciones por homicidio de 2007 a 2008 y alcanzó su nivel más alto en 2010 al llegar a 126 defunciones por cada 100 mil habitantes. Si bien esta tasa es mayor entre los hombres (334 en 2011), entre las mujeres ascendió a 34 por cada 100 mil mujeres, que representa el nivel más alto en la historia reciente del país.

Del 2011 al 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.

Comparando los niveles de las tasas de defunciones por homicidio del año 2000 con la información más reciente disponible, que corresponde a las defunciones registradas durante el año 2013, se aprecia que las tasas más altas se ubican en las mujeres de entre 20 y 35 años de edad y estas tasas se incrementaron en más del 100% de 2000 a 2013 (ver gráfica 2).



Gráfica 2: Información basada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 2015, p. 15).

Otro elemento a tener en cuenta es que mientras una proporción importante de las mujeres y niñas son agredidas predominantemente en sus viviendas (29.4%), solo el 10% de los varones recibieron lesiones mortales en su vivienda. Ellos son agredidos en su mayoría en la vía pública (calle o carretera).

Es importante señalar que entre 2006 a 2013, el patrón de lugar donde ocurrió la lesión o agresión, que era mayoritariamente en la vivienda, se ha ido desplazando y en 2009 estaban casi en el mismo nivel, pero a partir de ese año más mujeres son asesinadas en la vía pública, esto ocurrió particularmente de 2010 a 2012, tiempo durante el cual casi la mitad de las mujeres fue asesinada en espacios públicos (ver tabla 1).



Tabla 1: Distribución de las defunciones por homicidios por sexo y lugar de ocurrencia según año de registro 2006 – 2013 (INEGI, 2015).

Aunado a lo anterior, los datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia o saña, utilizan medios que produce mayor dolor y que lo prolonga antes de fallecer. En 2013 a 32 de cada 100 mujeres las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes con objetos; mientras que la mayoría de los homicidios de hombres fueron con arma de fuego (65.2%). De 2004 a 2013 la proporción de homicidios de mujeres con arma de fuego aumentó considerablemente, al pasar de 28.8% a 43% en 2013 (ver tabla 2).



Tabla 2: Distribución porcentual de homicidios por sexo y causa (agrupada) según año de registro 2010 – 2013 (INEGI, 2015).

Violencia contra las mujeres en Guanajuato y alerta de género

Retomando el Informe Cualitativo y Cuantitativo: Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar 2012-2014 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la ENDIREH 2011 informó que, en Guanajuato, 38.69% (727 544) de las mujeres de quince años y más sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual, lo que lo ubica por debajo de la media nacional (OCNF, 2015).

Sobre la violencia sexual contra las mujeres, el informe de ONU Mujeres revela que en 2010 se denunciaron 387 violaciones; por su parte las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informan que en 2011 se cometieron 387 violaciones, en 2012 se cometieron 429 y en 2013 ocurrieron 605 violaciones sexuales. Es importante mencionar que de acuerdo con la información antes mencionada hubo un incremento de 56% de casos de violación sexual en el estado, de 2011 a 2013 (OCNF, 2015).

En relación al feminicidio, un trabajo publicado en 2012 por ONU Mujeres, la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México y el Instituto Nacional de las Mujeres, titulado “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”, que recurre a un acercamiento a la violencia feminicida a través de los datos sobre defunciones femeninas con presunción de homicidio, se revela que en 2010 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el Estado de Guanajuato ascendió a 1.6 por cada 100,000 mujeres, con un total absoluto de 47 casos. Esta tasa ubica a Guanajuato en el lugar 25 entre las entidades federativas. Sin embargo, del 2012 al 2013, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, se cometieron 134 asesinatos de mujeres, de los cuales 75 fueron cometidos en 2013, lo cual denota un incremento importante respecto de las cifras anteriores, aunque únicamente 15 de los 75 del 2013 casos fueron investigados como feminicidios, esto es el 11% de los casos.

Respecto de la tipificación del delito de feminicidio, el Código Penal del Estado de Guanajuato en el artículo 153-a señala que “Habrá feminicidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa por razones de género, considerándose que existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos en agravio de la víctima:

I. Que haya sido incomunicada;

II. Que haya sido violentada sexualmente;

III. Que haya sido vejada;

IV. Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, aún respecto del cadáver;

V. Que haya existido amenazas, lesiones, acoso o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar o cualquier otro que implique supra o subordinación del sujeto activo en contra de ella;

VI. Que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público;

Aunque Guanajuato ha avanzado en incluir el feminicidio en su Código Penal, existen diversas críticas principalmente por parte de organizaciones civiles y medios de comunicación respecto de las dificultades de operativizar este delito y de hecho en el 2014 la Asociación Civil Las Libres solicitó una alerta de violencia de género en el Estado de Guanajuato.

La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que de acuerdo al artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) consiste en el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (art. 23 de la LGAMVLV).

A partir de la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, se conformó un grupo de trabajo para realizar una investigación en el Estado de Guanajuato, compuesto por: una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, una persona representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos académicos del estado de Guanajuato especializados en el tema de violencia contra las mujeres, dos representantes de institución académica o de investigación de carácter nacional especializada en violencia contra las mujeres y una persona representante del Estado de Guanajuato. Algunas cuestiones importantes respecto del análisis presentado por el grupo de trabajo en su informe fueron las siguientes:

] Se advierte un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en el Estado de Guanajuato, especialmente en el municipio de León.

] El Poder Judicial ha sancionado cinco de los 20 delitos de feminicidio aceptados como tal por el Estado y dos de los 52 homicidios dolosos a mujeres, lo cual visibiliza la falta de efectividad del sistema de impartición de justicia.

Además, derivado de la investigación del grupo de trabajo, se realizaron 13 conclusiones y recomendaciones al Gobierno del Estado de Guanajuato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; rediseñar el Banco Estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, para administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres de toda la entidad; establecer de manera permanente una instancia de seguimiento de la violencia feminicida; generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos de policía municipales y estatales, los cuales deben incorporar perspectiva de género, para la eficaz prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres; crear un programa de atención a hombres generadores de violencia para que sean atendidos con programas basados en perspectiva de género y reformar el Código Penal para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que la violencia contra las mujeres sea sancionada de acuerdo a su gravedad y con ello evitar la impunidad.

Cabe mencionar que aunque finalmente no procedió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato, el gobierno del estado atendió las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo y aún continúa realizando esfuerzos para hacer efectivos los derechos de las mujeres.

CONCLUSIONES

El trabajo “Violencia feminicida en México, Características, tendencias y nuevas expresiones en las Entidades Federativas, 1985-2010” publicado en 2012 por ONU Mujeres, la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, y el Instituto Nacional de las Mujeres, señala que los sistemas de información de los que disponemos no están diseñados para brindarnos datos apropiados sobre los feminicidios que ocurren en el país. Contar con información veraz, oportuna y precisa acerca del número de y características de las mujeres que son asesinadas por razones de género sigue constituyendo un reto para el Estado Mexicano. El estudio postula que es posible hacer un acercamiento a la problemática del feminicidio a partir de las estadísticas del registro de defunciones (por ejemplo las arrojadas por el INEGI), pues aunque éstas no permitan distinguir los denominados feminicidios del resto de muertes violentas de mujeres catalogadas como homicidios en los certificados de defunción, esta fuente prevé la identificación a través de la clasificación de muertes violentas (IMUG, 2014).

Por otra parte, como lo señalara el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, la ausencia de protocolos de atención efectiva para mujeres que viven violencia es uno de los hallazgos reiterados en el estudio de las condiciones de violencia por las que atraviesan las mujeres, y evidencia un proceso de reproducción de violencia sistémica. Esto es una tarea urgente de las instituciones cuya responsabilidad está enmarcada en la atención y resolución de este tipo de situaciones (OCNF, 2015).





BIBLIOGRAFÍA

Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana, El Feminicidio en la Unión Europea y América Latina, consultado el 07 de mayo del 2015.

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/social/meetings/2013_07_16-17_vilnius/working_doc/ep/940344es.pdf

CASTAÑEDA SALGADO, Martha Patricia, et.al., “Feminicidio y violencia de género en México: omisiones del Estado y exigencia civil de justicia”, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, número 74, año 34, Enero-Junio 2013, pp. 11-39.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs. México. Sentencia del 16 de noviembre del 2009.

ESTRADA MENDOZA, María de la Luz, Feminicidio: asunto de discriminación de género y omisión en el acceso a la justicia en el Estado de México (2005-2010), México, 2011.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015). “Estadísticas a propósito del… día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)”. Recuperado el 12 de mayo de 2016 desde http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

LAGARDE Y DE LOS R., Marcela. Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres en Bullen, M. y Diez M., C. (Coord.) Retos teóricos, nuevas prácticas, España, 2008.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, 2007. Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2015.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). (2015). Informe Cualitativo y Cuantitativo: Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar 2012-2014. Recuperado el 12 de mayo de 2016 desde http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/INFORME-DE-OP-2015-FINALx-4-1.pdf

OCHOA TORRES, María del Pilar. Tesis: “Violencia conyugal hacia las mujeres y violencia en el contexto social: un estudio sobre su correlación”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México, 2014.

ONU MUJERES, Noticias: El feminicidio en América Latina: la construcción de un protocolo regional para asegurar la justicia. Consultado el 04 de abril del 2013.

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/4/femicide-in-latin-america#edn1

Organización Mundial de la Salud (OMS). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. 2013.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Estudio Mundial sobre homicidios, Tendencias, contextos, datos, 2011.

Organización de las Naciones Unidas. Resolución 68/191 Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por razones de género aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013.

ONU, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

ONU, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Feminicidio. México, 2009.

RUSSEL, D.E., Definición de feminicidio y conceptos relacionados. En D. E. Rusell, & R. A. Harmers (Edits.), Feminicidio: una perspectiva global. Ed. CEICH-UNAM, México, 2006.

RUSELL, D.E. & Radford, J. (Edits.). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. Ed. CEICH-UNAM, México, 2006.