AÑO 8 NO. 26 || 23 . DICIEMBRE . 2016

SEGURIDAD PÚBLICA, UN RECLAMO SIN FIN

Artículo elaborado por Mtra. Aída Leticia García Juárez,

Catedrática de la Facultad de Derecho, Criminología y Criminalística,

Universidad De La Salle Bajío A. C.






Imagen tomada de: http://images.vectorhq.com


Presentar un trabajo que toque un tema como el de Seguridad Pública, no es tarea fácil, sobre todo en un momento en que la sociedad ha dejado de creer en la autoridad, ha perdido la confianza en un sistema en el que no encuentra el respaldo necesario para lograr cumplir sus sueños de superación, progreso y éxito. Por eso resulta importante hacer un recuento de cuales han sido las estrategias implementadas por los gobiernos que nos han llevado al momento que estamos viviendo.

1. Historia

Se han cumplido 20 años de la publicación de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Diario Oficial de la Federación, de la reglamentación de la reforma del artículo 21 constitucional y de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El beneplácito generado por este sistema se debió a que por primera vez iba a darse un cambio al problema de la seguridad pues se atendería el problema desde la prevención, la procuración y la administración de justicia hasta la readaptación social.

También se elevó la seguridad pública a una función del Estado que le da márgenes de acción más amplios permitiendo una coordinación que involucre a todas las instancias y los tres niveles de gobierno, para combatir el centralismo que operó por años en el país y al mismo tiempo al cambiar de una facultad municipal a una función de Estado se involucra no solo la participación del gobierno sino la de los ciudadanos.

Fue una época de grandes cambios sobretodo que bajo esta mirada de prevención se vaticinaba que habría grandes cambios sociales, dado que lograr una prevención significaba dejar atrás los métodos reactivos de la policía, de actuar hasta que se cometiera el delito, por lo que ahora esta actuación iría enfocada a otros ámbitos donde la ciudadanía tendría una participación más activa.

Pero, una vez más la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, permitieron que la delincuencia creciera y por lo tanto el sentimiento de inseguridad generara más reclamos por parte de la ciudadanía, y surgiera en este escenario una nueva figura que hasta este momento no había tenido gran presencia en nuestro país: la seguridad privada, que surgió como respuesta a esta demanda ciudadana de sentirse protegidos, que al no tener respuesta de la autoridad puesto que la ola de delincuencia crecía, la solución que se encontraba era contratar agencias privadas que hicieran el trabajo de las instituciones responsables de ello, y que a finales de la década de los noventa se multiplicaron ofreciendo una diversidad de servicios y que hoy en día se han convertido en un servicio necesario dado que también han aumentado las colonias que se han cercado o los fraccionamientos privados y amurallados, que tienen gran demanda entre la ciudadanía, como respuesta a la inseguridad y ante la desconfianza hacia las autoridades policiales ha ido en aumento la protección privada.

Ante este panorama y de los sucesos que cambiaron el rumbo de nuestro país, que después de 70 años de gobiernos priistas, en el año 2000 llegó a la presidencia de la república el Partido Acción Nacional ganando las elecciones a través del voto de los ciudadanos, pero aun cuando han surgido nuevas instituciones policiales, nuevas leyes y un endurecimiento penal el panorama no ha cambiado.

Los gobiernos panistas trabajaron arduamente en la organización y creación de nuevas instituciones que funcionaran bajo otros paradigmas. Es hasta 2003 cuando se crea el Programa Nacional de Seguridad Pública, donde se establecen las bases para coordinar las acciones del Gobierno en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia, para elaborarlo se realizó una consulta ciudadana por todo el país, para elaborar estrategias y soluciones a las demandas de seguridad planteadas por la sociedad y reducir la criminalidad. Además de los diagnósticos realizados con base a la consulta, en ellos se reconoce los problemas de las instituciones policiales y la necesidad de trabajar en la transformación de los cuerpos policiales, en enero de 2005 se crea el Gabinete de Seguridad Pública que se distingue del Consejo Nacional de Seguridad Pública en que el primero focaliza los problemas que corresponde al exclusivamente al poder Ejecutivo Federal e intercambia información y colaboración con autoridades extranjeras y el segundo incluye a los gobiernos estatales en la conducción del Consejo y en el diseño de las estrategias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Peñaloza, 2005)

En el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa, tiene como lema el combate a la delincuencia, creó en 2007 Plataforma México, por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información, para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados .

Y de acuerdo al Programa Nacional de Seguridad menciona que la información proporcionada por este sistema “constituye un insumo insustituible para estructurar programas y acciones de combate al fenómeno delictivo; su obtención, procesamiento y explotación, requiere de la modernización y optimización de la infraestructura de telecomunicaciones en los tres órdenes de gobierno.

- Integrar la información criminal de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno a Plataforma México.

- Homologar el diseño y operación de sistemas y bases de datos para la recolección, clasificación, registro y evaluación de información.

- Estandarizar los sistemas tecnológicos para la elaboración de mapas de incidencia delictiva que hagan posible optimizar la eficiencia de programas y acciones tanto de prevención como de combate a la criminalidad”.

También se diseñó una Estrategia Nacional de Seguridad y Combate a la Delincuencia, declarando la guerra contra el narcotráfico e involucrando al ejército en operativos, en varios Estados de la República. Esta estrategia contempla siete ejes:

Eje 1. Alinear las capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia,
Eje 2. Prevención del Delito y Participación ciudadana,
Eje 3. Desarrollo Institucional,
Eje 4. Sistema Penitenciario,
Eje 5. Combate a la Corrupción,
Eje 6. Tecnología,
Eje 7. Indicadores de medición establecidos por la sociedad civil

Pero la situación de la criminalidad rebasa todos los límites, en este sexenio se crean grupos de la sociedad civil para defenderse las llamadas “autodefensas” que al correr de tiempo generan más problemas, la autoridad se ve rebasada el índice de criminalidad es muy elevado, lo que da como consecuencia que en el siguiente periodo electoral por la presidencia del país, éstas sean ganadas por el Partido Revolucionario Institucional y llegue al poder para el sexenio de 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto.

En el diagnóstico elaborado como preámbulo en el Programa Nacional de Seguridad Pública, de su sexenio, enuncia lo siguiente:

“La crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que se reflejaron en los siguientes fenómenos:

1. El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas.

2. El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

3. El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad.

4. La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia.

Los grupos de la delincuencia organizada ejercieron distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia. Este ambiente generó un clima de temor en la ciudadanía, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas rivales, sino frente a la sociedad”.

Partiendo de este escenario el reto es descomunal, la sociedad se encuentra en crisis, los valores se encuentran trastocados, existe desconfianza hacia la autoridad, aunada a una falta de fe, nuestra cultura se encuentra muy infiltrada por los ordenamientos de las culturales internacionales, la globalización también ha generado que nuestra identidad se diluya, lo que trae aparejado conflictos, en la base de nuestra sociedad que es la familia.

Para ello el Gobierno de la República se planteó desde el comienzo una nueva Estrategia de Seguridad Pública cuyos objetivos fundamentales son reducir la violencia y restablecer las condiciones de convivencia pacífica y ordenada para todos los mexicanos.

“En concordancia con la nueva estrategia, en agosto de 2013, el Presidente de la República planteó la Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia, la cual permite establecer con claridad las prioridades en esta materia y les otorga un contenido programático. Esta Política Pública está sustentada en diez apartados:

I. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social
II. Justicia Penal Eficaz
III. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía
IV. Transformación del sistema penitenciario
V. Promoción y articulación de la participación ciudadana
VI. Cooperación Internacional
VI. Información que sirva al ciudadano
VII. Coordinación entre autoridades
IX. Regionalización”

Es importante señalar que una Seguridad Pública eficaz está íntimamente relacionada con el desarrollo social y humano, verla con una visión más integral donde se priorice el acceso a la salud, alimentación, educación, vivienda, deporte, trabajo de los ciudadanos y donde se garantice el cumplimiento de los derechos humanos, a través de la creación de espacios para el diálogo y la convivencia.

2. La percepción de la inseguridad

En pleno siglo XXI, se sigue elevando este reclamo de exigir seguridad pública con mayor energía cada día, porque para el ciudadano este concepto va unido al ejercicio de sus derechos, y ante la percepción de inseguridad las personas ven disminuida su libertad al tener que encerrarse para evitar ser víctimas de la delincuencia, aunado a ello la percepción de ineficacia de las autoridades, la población ha perdido la confianza en la autoridad exigiendo una mejor actuación por parte de la autoridad.

Una de las consecuencias que este fenómeno tuvo fue el aumento de empresas de seguridad privada, durante el inicio del sexenio de V. Fox, muchas de ellas de dudosa reputación y otras no contaban con personal calificado y capacitado para los servicios que ofrecían.

La autoridad no tenía un registro de ellas, ni una normatividad que regulara su formación, capacitación y profesionalismo, dejando a la sociedad indefensa y creando una imagen de incapacidad para poder otorgar seguridad a los ciudadanos.

Haciendo conciencia hasta este sexenio de la importancia de crear un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada, que garantice que los servicios prestados por éstas sean eficientes y de calidad, que cuentes con normas y lineamientos de control similares a los de las corporaciones policiales.

“Establecer un control eficiente sobre las empresas particulares que proporcionan servicios de seguridad privada, a través de programas y mecanismos de supervisión y vigilancia, delimitando sus competencias y llevando un registro preciso de todos sus componentes: personal, armas, vehículos, equipo, infraestructura, programas de selección, formación, capacitación y desarrollo de sus elementos, formalizando la certificación de las empresas, el volumen de usuarios, y el giro a que se dedica:, custodia de valores y mercancías, seguridad intramuros, escolta y de investigación.”

Logrando registrar en 2001 a 2332 empresas de seguridad privada de las cuales 234 son de carácter federal y 2098 de ámbito local.

Durante el sexenio de Calderón, era tal el impacto de las noticias de combate a la delincuencia, que en un inicio creó falsas expectativas sobre la “mano dura” del Presidente, pero la respuesta de la delincuencia no se dejó esperar y las acciones violentas se recrudecieron lo que trajo como consecuencia un aumento en el número de delitos que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta nacional de Victimización y Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, 2012 y2013, presenta que en 2010 hubo 17,847,550 víctimas, en 2011, 18,675,004 y en 2012, 21,603,990 y en cuanto a delitos cometidos en nuestro país en 2010, 22,714,967, en 2011, 22,389,492, y en 2012 los delitos ascendieron hasta 27,789,447.

Panorama muy desalentador pues a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales de combatir la delincuencia con mano dura no se logró este objetivo.

En cuanto al punto de las empresas de seguridad privada durante este sexenio la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en el Título Décimo Segundo De los Servicios de Seguridad Privada, Artículo 151 “Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva”.

En el sexenio de Peña Nieto, se visualiza la necesidad de otorgar cédulas de identificación a las empresas de seguridad privada, por la ola de delitos cometidos en las empresas y en los fraccionamientos que han utilizado servicios de seguridad privada y que el empleo de éstas no garantiza protección ni seguridad, ya sea por la falta de capacitación de sus elementos o porque estos se encuentren coludidos con bandas criminales, por lo que se promoverá que las autoridades competentes revisen que las empresas cuenten con controles de confianza aprobados. También se buscará la manera de recabar información de los incidentes registrados por las empresas de seguridad privada.

Son pasos importantes que se van dando en la búsqueda de la seguridad, por lo que se debe seguir buscando la manera de disminuir la delincuencia, dado que las cifras son alarmantes, y si antes decíamos que los buenos éramos más ahora con tristeza se ve que las filas de la delincuencia se van engrosándose por todas las personas que no logran cubrir sus expectativas de vida dentro de los mecanismos establecidos por la sociedad y van buscando válvulas de escape o caminos inadecuados para alcanzar el éxito.

3. La Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Es importante analizar en este inciso cómo se han conformado las grandes ciudades de nuestro país, que las ha llevado a estar compuestas por una pluralidad en su población, como resultado de la migración del campo a la ciudad, que favorece la formación de cinturones de miseria, y que el abandono de los lugares de origen a pueblos fantasma, situación que además ocasiona un problema económico, puesto que el campo deja de producir, sin dejar de lado los estados que tienen una grave problemática con los migrantes a los Estados Unidos donde la población está compuesta de mujeres y niños que al paso del tiempo, pueden quedar en el abandono.

Otro factor importante de analizar es el proceso de transformación cultural, puesto que los padres y abuelos preservan las tradiciones de sus lugares de origen, pero los hijos, sobre todo los nacidos en la ciudad, ya no consideran estas tradiciones como propias y surgen brechas entre las familias, al quedarse sin normas o tradiciones que se respetan o se cumplan, originando que los jóvenes no estén acostumbrados a seguir normas en su búsqueda por integrase a una nueva vida, lo que ocasiona que la autoridad paterna se vea menoscabada, y no haya comunicación entre la familia y por consiguiente se puede delinquir al no existir ningún freno.

Esta situación trae como consecuencia el abatimiento de los valores humanos, la falta de solidaridad, la deshumanización o en términos de E. Durkheim la anomia social trae como consecuencia un desmoronamiento de la sociedad, donde el acatamiento de las normas establecidas para una sana convivencia en sociedad cae en desuso.

La evolución del concepto de Prevención de la delincuencia a uno de Prevención social de la violencia y la delincuencia es un gran paso que culmina después de largos aprendizajes, es la apuesta a permitir una mayor injerencia de la ciudadanía en sus problemas, pero también en un cambio de mirada por parte de las autoridades, mirada que lleva al reconocimiento que la situación actual de violencia en el país tiene que ver más con los problemas sociales, no solamente con los valores (ya sea su pérdida o su transformación en antivalores), que no es solo un problema de las personas antisociales o con problemas psicológicos o psiquiátricos, sino con el compromiso de cumplir con el pacto social, es mirar realmente como vive la mayoría de las personas que integran nuestro país, es revisar los índices de pobreza y marginación social para preguntarnos como viven las personas que ganan de uno a tres salarios mínimos, y dejarnos de demagogias.

Como exigimos que se superen o trabajen sino tienen los medios para asistir a la escuela, si dentro de las principales causas de la deserción escolar es la necesidad económica que impera en sus hogares, y por lo tanto la oportunidad de encontrar trabajo disminuye al no estar preparados y los expone a ingresar a las filas de la delincuencia.

Faltan muchos servicios que ayuden a la población a progresar, a formar parte de la población económicamente activa y responsable de pagar sus impuestos para que el Estado tenga la capacidad económica de atender mediante programas sociales a la población desempleada.

Por ello resulta importante este cambio de visión de buscar en la satisfacción de las necesidades del ciudadano una nueva tarea que disminuya la ola de violencia que nos aqueja.

La Ley General de prevención social de la violencia y la delincuencia es un conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y delincuencia, es una ley que parte de los Derechos Humanos, que reconoce y respeta el derecho de los individuos a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas.

Plantea la necesidad de aplicar políticas preventivas inscritas en procesos de socialización e integración de niños y jóvenes, incluyendo a sus familias, el entorno comunitario, la educación y los medios de comunicación.

4. La participación de la Ciudadanía

Es un punto pendiente en la agenda de gobierno, donde se tiene que partir desde un análisis de la sociedad por región, de acuerdo a los cambios tan vertiginosos que se han dado en el país en las tres últimas décadas del siglo pasado al día de hoy, donde el crecimiento de las ciudades ha variado, por la actividad económica , la composición de la sociedad, su grado de desarrollo, el nivel educativo, su nivel de desarrollo, etc., la migración de las zonas rurales a las urbanas, pues aun cuando se han elaborado diferentes programas para incluir a los ciudadanos en acciones de participación en la prevención del delito, sigue siendo un punto que no logra concretar programas que ayuden a paliar este mal, que en lugar de disminuir aumenta o se diversifica.

En 75% de la población vive en las ciudades y el 25% en pequeñas poblaciones rurales dispersas.

Ya desde el sexenio de Vicente Fox, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006 se considera a la participación ciudadana como un trabajo real e incluyente donde se prioricen la necesidades y problemáticas de cada uno de los grupos sociales, para que a través de los programas de atención y prevención de la criminalidad, lograr que los ciudadanos participen de una manera madura, crítica y propositiva para combatir las causas generadoras de conductas delictivas desde el hogar e impulsar la cultura de la denuncia, un ejemplo de ello fue el Programa “Ojo Ciudadano” puesto en marcha en Tijuana en 2001 .

En el gobierno de Felipe Calderón, se parte del lema “Proteger y Servir”, para lo cual se implementan dos nuevos programas: “Limpiemos México” y “Comunidad Segura”, donde se privilegia la participación ciudadana como uno de los pilares para que los programas de seguridad rindan frutos, pero en la realidad se privilegió el uso de la fuerza pública.

Así mismo se considera de vital importancia el seguimiento y la evaluación de los programas puestos en marcha como una función que el gobierno debe realizar con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones, metas y compromisos contraídos, así como para transparentar y rendir cuentas a la sociedad y evitar con ello la corrupción, fortaleciendo la cultura de denuncia a través de la aplicación de encuestas que permita medir la percepción de seguridad, evaluar el desempeño de la función policial y la confianza en las corporaciones.

Para ello se crea el Centro Nacional de Atención a la Denuncia Ciudadana (CND) donde se reciben quejas contra los elementos de seguridad pública. Se ha equipado con tecnología de punta para incrementar su capacidad de operación y recepción de quejas y denuncias. En el periodo septiembre de 2007 a agosto de 2008, se recibieron 70 mil 630 denuncias ciudadanas.

Aun con todas las promesas del gobierno por recuperar la confianza de los ciudadanos y de las instituciones creadas para fomentar la denuncia, la sociedad no está conforme y en julio de 2008, marcharon los ciudadanos por la ciudad de México exigiendo respuestas al problema de la inseguridad, a lo que el gobierno responde a la ciudadanía a través del Consejo de Seguridad Nacional con un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, donde en su Segundo punto, objetivo XXVI, señala: “Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos.

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a promover la creación de un Observatorio Ciudadano que sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de seguridad y justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social”.

La creación de observatorios ciudadanos aún no ha rendido los frutos esperados, pero es un punto importante como válvula de escape de la ciudadanía que hace su mejor esfuerzo por participar.

Otra de acciones generadas por el gobierno es incluir en los programas escolares temas de respeto a los derechos humanos, prevención de adicciones, cultura de la legalidad y transparencia .

Todavía falta mucho por hacer y evaluar de este nuevo proyecto del Gobierno en su propuesta por abatir el fenómeno de la delincuencia.

Pero ya es un adelanto que se considere muy importante la participación ciudadana para el diagnóstico, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación de la prevención social de la violencia y la delincuencia a través de acciones como encuestas, seminarios, foros, capacitaciones, estudios, investigaciones, publicaciones, intercambio de experiencias, lo cual permitirá que las estrategias o programas de atención partan de la comunidad.

Conclusiones

Se han creado instituciones, planes, programas, estrategias, pero las cosas continuarán igual, mientras no se creen mecanismos de evaluación de los programas establecidos, un porcentaje real de metas alcanzadas, y se rindan cuentas que dejen a la comunidad satisfecha.

Todos los programas nacionales de seguridad dedican unos cuantos renglones a ensalzar que es importante la evaluación que esta será periódica, que sirva para corregir, pero ninguna de estas declaraciones se cumple, pues no dicen cuándo ni cómo se hará la mencionada evaluación, ni quien será el encargado de presentarla.

La rendición de cuentas es un asunto pendiente, pues nuestros mandatarios olvidan que el puesto que desempeñan es para servir a la ciudadanía que los eligió, por lo que deben ser evaluados al terminar su periodo y en caso que la evaluación les resulte negativa responder por la mala actuación de acuerdo con los mecanismos que se establezcan para tal efecto.

La creación de leyes, instituciones para regular la vida del ciudadano también debe abarcar la del servidor público, para que en el momento de estar bajo sospecha sea investigado y de resultar culpable reciba la sanción correspondiente.





REFERENCIAS

1 En el artículo 21 constitucional se establece que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

2 Plataforma México, Secretaría de Seguridad Pública, 2008

3 Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, Diario Oficial de la Federación, 23 de marzo de 2009

4 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018

5 Ibídem

6 Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, p. 23

7 Ibídem. p. 36

8 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

9 Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006

10 Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, ob. Cit.

11 Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Diario Oficial de la Federación, 25 de agosto de 2008

12 Ídem





BIBLIOGRAFÍA:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación 11 de diciembre de 1995

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 2003

• Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, Comisión Nacional de Seguridad, 7 de marzo de 2008

• Plataforma México, Secretaría de Seguridad Pública, mayo de 2008

• Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Diario Oficial de la Federación, 25 de agosto de 2008

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación 02 de enero de 2009

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, Diario Oficial de la Federación, 23 de marzo de 2009

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014

• Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Diario Oficial de la Federación, 19 de septiembre de 2014

• Peñaloza, José Pedro. Coordinador. Seguridad Púbica. Voces diversas en un enfoque multidisciplinario. México, Porrúa, 2005.