El Ciclo de Conferencias “Reflexiones Jurídicas: El Primer Cuarto del Siglo XXI” reunió a especialistas del ámbito jurídico en el Poliforum León, lugar al que acudió una comitiva de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Bajío. A lo largo de dos jornadas de trabajo académico, se abrió un espacio de análisis profundo sobre la evolución del sistema jurídico mexicano y los retos que enfrenta en el contexto actual, con una mirada crítica y formativa.

La actividad fue organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., (BMA) Capítulo Guanajuato, y estuvo dirigida a abogados en ejercicio, notarios públicos, integrantes del Poder Judicial, ministerios públicos, defensores, funcionarios gubernamentales, docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado en Derecho.

El objetivo central consistió en analizar seis ejes fundamentales del Derecho contemporáneo: ética profesional, justicia penal, estándares de género, función notarial, constitucionalismo y protección de datos personales. A partir de estos temas, se ofreció un diagnóstico integral del primer cuarto del siglo XXI y se plantearon propuestas frente a la involución institucional que atraviesa el país.

Durante su intervención, Pablo Enrique Reyes Reyes, coordinador nacional de la Comisión de Ética Profesional de la BMA, abordó los retos éticos de la abogacía frente al populismo, la tecnología y la inteligencia artificial. Al reflexionar sobre el devenir democrático del país, señaló que:

“México subió en una ola democrática mundial y la construyó con instituciones sólidas; hoy estamos viviendo una clara involución institucional que afecta directamente la vigencia y exigibilidad de los derechos humanos”.

La evolución de la justicia penal fue analizada por Catalina Pérez Razo, coordinadora estatal de la Defensoría Pública Penal de Guanajuato, quien expuso las fallas operativas del sistema acusatorio y la regresión hacia prácticas inquisitivas. 

En su participación afirmó: “El sistema acusatorio nos prometió juicios ágiles, pero hoy tenemos juicios reagendados por dos años y solo el cinco por ciento de los delitos denunciados llegan a judicializarse”, lo que abrió una reflexión sobre la urgencia de recuperar la confianza ciudadana.

Desde una perspectiva de Derechos Humanos y género, Cecilia Refugio Palomo Caudillo, presidenta de la Barra Mexicana Capítulo Aguascalientes, destacó la consolidación de estándares internacionales y el impacto de casos emblemáticos en América Latina. Subrayó que la igualdad sustantiva se construye en la práctica cotidiana y recordó que “la vergüenza tiene que cambiar de bando”, como un llamado a la acción constante desde el ámbito jurídico y social.

La función notarial en el siglo XXI fue abordada por Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, presidenta del Colegio Estatal de Notarios Públicos de Guanajuato, quien explicó la transformación tecnológica y el aumento de responsabilidades en la labor notarial. Enfatizó que “el notario ya no es un fedatario de lujo; hoy somos intérpretes de voluntades, preventores de lavado y guardianes de datos personales”, lo que refleja el impacto social de esta función.

Por su parte, Guillermo García Ruiz, consejero jurídico del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, analizó los desafíos del constitucionalismo actual, el control de convencionalidad y las implicaciones de la reforma judicial. Destacó la responsabilidad de todas las autoridades en la defensa de los derechos humanos y afirmó: “No podemos dar un paso atrás en derechos humanos; estos criterios deben hacerse valer desde el primer proceso”.

El tema de la privacidad y la seguridad de los datos personales estuvo a cargo de Carmen Quijano Decanini, quien alertó sobre los riesgos de la vigilancia masiva y la vulneración de la autodeterminación informativa. En su reflexión señaló: “Ya no hay rejas posibles para blindar la vida privada, pero eso no le da derecho a nadie a entrar”, frase que sintetizó la preocupación compartida por los asistentes.

Este ciclo de conferencias dejó un aprendizaje profundo para el desarrollo personal y profesional de quienes participaron, al recordar que la defensa del Estado de Derecho es una responsabilidad diaria. Más allá del análisis académico, la experiencia reforzó la importancia de la abogacía organizada como un espacio de resistencia, propuesta y formación continua, con un compromiso claro hacia la justicia, la ética y la dignidad humana.